«Sabemos que está sucediendo pero tenemos herramientas y controles para pararlo y hacer que sea un fenómeno minoritario», afirma el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, en relación a la compraventa de pisos de protección oficial (VPO) con precios que superan el límite permitido y que en ocasiones se pagan parcialmente con dinero negro. La voz de alerta sobre este hecho ha sido dada recientemente por otro departamento del Govern, la Dirección General de Consumo, al recibir una queja en este sentido por parte de una ciudadana de las islas, tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado lunes.
Eduardo Robsy indica que en este momento se están investigando cinco casos de compraventa de pisos protegidos por un valor superior al autorizado, y que desde que se creo el cuerpo de inspección en materia de vivienda en 2019 se han aplicado 131 sanciones relacionadas con incumplimientos en materia de inmuebles de protección oficial en las islas. De este grupo, destacan 25 por cobrar alquileres en estas residencias por encima de lo permitido, y 11 por publicitar su venta también con valores que superaban el máximo legal o sin especificar que se trataba de VPO.
El director general reconoce que en estos momentos «el mercado balear de la vivienda está recalentado», en el sentido de que existe una alta demanda y unos precios que no dejan de subir, lo que explica que algunos propietarios de pisos protegidos tengan la tentación de venderlos por un valor que supera el que está autorizado.
En relación a este punto, recuerda que para vender una VPO usada el dueño debe de acudir a la citada Dirección General y pedir el certificado de precio máximo. Hay que recordar que en estos momentos el límite es de 1.940 euros por metro cuadrado útil, y que estos inmuebles tienen una superficie máxima de 90 metros cuadrados, lo que en el mejor de los casos situaría esa frontera de la legalidad por debajo de los 175.000 euros. Ese certificado es necesario también cuando se acude ante el notario para la compraventa.
Además, hay que comunicar al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) esa pretensión de vender el inmueble, para que este organismo comunique si desea ejercer el derecho de tanteo (quedársela pagando ese valor límite).
La fuerte actividad inmobiliaria de las islas, centrada en este momento en las residencias de segunda mano, se refleja en el hecho de que durante 2021 se tramitaron 2.000 certificados con ese precio máximo.
El riesgo de vender una vivienda protegida sin seguir las reglas del juego y superando ese valor máximo es que tanto el propietario como la inmobiliaria que hace de mediador se enfrentan a sanciones por falta muy grave, lo que va acompañado de multas que van de los 30.000 a los 90.000 euros.
Además, si se detecta una operación sin haber sido comunicada al Ibavi, este organismo tiene tres meses para aplicar su derecho de retracto, pudiendo quedarse con el inmueble abonando el precio oficial, pero no cualquier cantidad que se haya podido pagar en negro, siendo éste un dinero que perderá el comprador.
Los inspectores de Vivienda se hacen pasar por compradores para cazar a los que ponen precios ilegales
Otras penalizaciones
«La fiesta no acaba aquí», añade Eduardo Robsy, ya que los pagos ‘en negro’, como los casos denunciados por Consumo, vulneran también la legislación tributaria, por lo que pueden ir acompañados de penalizaciones adicionales por parte del Fisco.
Hay otro punto que pone de relieve. Los inspectores de la Conselleria están autorizados a hacerse pasar por un posible comprador, cazando así a quienes piden cantidades excesivas o sin declarar por el piso protegido.
En este sentido, pone en valor el impacto que para hacer frente a estos problemas tiene la ley balear de vivienda que se aprobó en 2018.
Entre las irregularidades detectadas, el director general recuerda la de un piso protegido de Formentera que se puso a la venta por 450.000 euros, o el de una vivienda de Ibiza que se alquiló por 3.000 mensuales y que además estaba sobreocupada.
LAS CLAVES
Sanciones
131 desde 2019 en relación a viviendas protegidas. Desde 2019 se han puesto 131 sanciones por vulnerar la normativa de VPO, 25 de ellas por alquileres excesivos y 11 por anuncios irregulares.
VPO vendidas
2.000 certificados durante el pasado año. Durante 2021 se solicitaron 2.000 certificados de precio máximo para poder vender viviendas de protección oficial de segunda mano.
Multas
De 30.000 a 90.000 euros por ventas ilegales. Las multas por vender una vivienda protegida sin seguir los trámites legales se mueven entre los 30.000 y los 90.000 euros, al ser falta muy grave.
