La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, han pedido este lunes en una reunión con diputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una normativa específica para combatir la explotación sexual infantil y adolescente, "una lacra social que afecta a todas las sociedades del mundo".
Según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad en nota de prensa, durante el encuentro se han tratado las tareas de coordinación y formación realizadas por la institución teniendo en cuenta sus competencias, puesto que la protección y la tutela de menores en el archipiélago está transferida a los consells insulares desde hace 24 años.
Así, se han entregado a la delegación europea los diferentes protocolos y acciones impulsados en las Islas, que ya se enviaron al Parlamento Europeo y que la institución autonómica pone a disposición del resto de territorios por si pueden ser de utilidad para unificar normativas y criterios de actuación.
El Govern ha recordado que según Unicef se producen casos de estos en todo el mundo, pero no siempre se documentan y se denuncian como se hace en Baleares, "primer paso fundamental para afrontar el problema".
En este sentido, han resaltado que el Ejecutivo balear fue una de las primeras autonomías en elaborar en 2017 un protocolo multiinstitucional para la detección y la actuación de los profesionales, que establece las líneas de actuación, detección, notificación, evaluación y tratamiento desde los diferentes ámbitos competenciales, con grupos de coordinación para valorar su cumplimiento, su seguimiento y proponer cambios.
Este protocolo está firmado por los cuatro consells, ayuntamientos, entidades del tercer sector, órganos judiciales -Instituto de Medicina Legal y Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito- y fuerzas y cuerpos de seguridad.
A este protocolo se ha sumado otra política pionera, como la elaboración de una herramienta de detección que ya tiene el visto bueno de cuatro universidades, que se probará en cinco autonomías y que se espera validar y aprobar definitivamente antes de que finalice este año, han anunciado.
Dentro de esta estrategia multidisciplinaria para luchar contra la explotación sexual de menores, han subrayado el incremento de actuaciones como la formación de personal del ámbito público sanitario, educativo y de ocio para detectar y denunciar los posibles casos; los cursos para prevenir y educar a las menores (46.000 alumnas de entre 12 y 16 años); los talleres de formación (150 ediciones) dirigidos a las familias para la detección temprana de situaciones de riesgo, y las campañas publicitarias como 'Para el explotador sexual, el objetivo eres tú', con el fin de visibilizar las formas de abordar a las menores que tienen los agresores.
Además de explicar estas actuaciones, el Govern ha aprovechado la visita de los europarlamentarios para reiterar la petición de impulsar desde Bruselas una directiva europea específica contra la explotación sexual infantil y adolescente que la distinga de los abusos, tanto en su abordaje como en su registro estadístico.
El ejecutivo balear también ha propuesto que la directiva incorpore mejoras en el combate de esta problemática, tales como que la búsqueda de los menores fugados de los centros de protección sea una prioridad policial dada su alta vulnerabilidad, o la potenciación de campañas específicas contra la explotación sexual en el marco europeo.
"En definitiva, se ha propuesto que la lucha contra la explotación sexual infantil presente en todos los países y estamentos sociales sea una prioridad política de la Unión Europea", han concluido.
