La democracia no es una ciencia exacta. La composición del Parlament balear demuestra que las elecciones se basan en criterios consensuados, pero no basados en el pretencioso «un hombre, un voto». En concreto, el crecimiento disparado y disparatado de la población de Ibiza convierte en dudoso el mandato legal que le otorga trece diputados incluyendo a uno de Formentera, por otros trece para Menorca pese a una demografía pitiusa superior en un 78 por ciento a la menorquina.
La población ibicenca va camino de doblar a la menorquina, pero se mantiene inalterable el mandato de la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Aprobada por mayoría absoluta del Parlament en 1986, en su título cuarto consagrado al Sistema Electoral se establece que la cámara autonómica «está integrada por 59 Diputados». A continuación se delimita la «atribución de escaños» por islas, que es la raíz de la vida política desarrollada a lo largo de cuarenta años en la comunidad.
El reparto asignado fija 33 escaños para «la isla de Mallorca», trece a Menorca, doce a Ibiza y uno a Formentera. La distribución prima generosamente a ibicencos y menorquines frente a los mallorquines, que aportan el ochenta por ciento de la población pero se quedan con el 56 por ciento de la cámara.
La apuesta por una paridad entre islas se atribuyó a la necesidad de fortalecer una solidaridad que creara el concepto todavía hoy inexistente de Baleares. Por debajo de esta pretensión intachable, subyacía un argumento ideológico. Los firmantes de la Ley Electoral eran Gabriel Cañellas y Joan Huguet, en su condición respectiva de presidente y vicepresidente del Govern. El PP vitaminó la participación de las islas de menor tamaño en la confianza de que si bien Mallorca podría darles la espalda, con el precedente de Palma perdida ya en dos ocasiones a manos de Ramon Aguiló, la estructura caciquil favorecida en aquellos tiempos no se debilitaría en las otras circunscripciones insulares.
Desde los albores de la autonomía, los ibicencos ya asumían un déficit por descontarles de sus trece escaños el diputado que muy lícitamente ostenta Formentera. Con todo, la diferencia de población entre Ibiza y Menorca al aprobarse la Ley Electoral era asumible. Se remitía a solo siete mil ibicencos más en el censo de 1991. En concreto, 72 mil frente a 65 mil.
El espejismo todavía vigente, y fruto del desdén hacia lo balear, facilita la abstracción de que son dos islas idénticas. En realidad, Menorca aventaja a Ibiza en más de un centenar de kilómetros cuadrados. De esta similitud aparente de tamaño, se desprende sin verificación la hipótesis de una población también equilibrada.
En realidad, el crecimiento demográfico respectivo se ha gobernado por patrones antagónicos. Ibiza en solitario alberga ahora mismo 160 mil almas, una cifra escalofriante que dobla holgadamente a la de 1991, y en una categoría distinta a los 97 mil residente en Menorca. Dado que para el Parlament se acomete desde la propia Ley Electoral el tándem Ibiza/Formentera, se deben añadir los doce mil moradores en la pitiusa menor.
De este modo, la paridad de trece representantes por cada entidad insular en la cámara ha sido dinamitada por la disparidad demográfica. Al recalcular con los habitantes actuales y desde una rígida proporcionalidad, los 26 diputados que no corresponden a Mallorca se repartirían asignando 16 a Ibiza/Formentera por diez a Menorca. Los formenterenses disputarían con idéntico crédito su segundo diputado frente al décimo menorquín. Y el 16-10 tiende a 17-9.
Se puede alegar que la redistribución castiga precisamente a la isla balear que mejor ha sabido conservar su territorio, y que no ha incurrido en la locura urbanística de sus tres vecinas. Sin embargo, la modulación de los repartos de escaños en otras elecciones autonómicas se ajusta a criterios estrictamente poblacionales y no de sostenibilidad ecológica.
Todos los sistemas electorales introducen correcciones para evitar el apisonamiento de las minorías, con un mínimo de dos diputados por provincia en el caso español al margen de la población. Con todo, en ningún caso se registra una igualación que solo puede calificarse de artificial, al convivir con diferencias censales tan radicales.
El desconocido o eludido abismo poblacional entre Ibiza y Menorca convive con la pérdida de influencia de los votantes mallorquines, más documentada. La isla de mayor superficie sumaba 570 mil habitantes en el censo de 1991, multiplicados hoy hasta 947 mil. Los ibicencos han crecido más proporcionalmente, pero cuatrocientos mil habitantes en tres décadas son difíciles de asimilar.
Por tanto, pitiusos y menorquines eligen al 44 por ciento de la cámara autonómica con el 22 por ciento de la población. En la traducción al peso del sufragio individual, el voto de un ibicenco vale por el de dos mallorquines, y el de un menorquín por el de cuatro. La sorpresa radica en que el votante de Menorca también dobla en influencia al de Ibiza.
