Baleares necesita más de 20.000 viviendas para poder cubrir la demanda que tiene en estos momentos, pero solo están saliendo al mercado unas 2.000 anuales, con el agravante de que únicamente el 10% de ellas tienen un precio asequible para la mayoría de los isleños, según se ha lamentado hoy desde la asociación de promotores inmobiliarios de las islas (Proinba), con la crítica de que los últimos cinco años se han perdido sin que se haya tomado ninguna medida para aliviar esta situación, y con la advertencia de que el problema va a seguir empeorando durante un lustro más si se mantienen las políticas actuales.
Estos datos han sido facilitados por el presidente de la citada patronal, Luis Martín, y por sus vicepresidentes Bartolomé Mayol y Oscar Carreras, con motivo de la celebración de su asamblea anual.
Lo primero que se ha destacado es que la grave situación del mercado inmobiliario de las islas no ha mejorado ni un ápice durante los últimos años, ya que la población del archipiélago no ha dejado de crecer ni siquiera durante los años de la pandemia. En este sentido, se ha insistido en que solo se están sacando al mercado unas 2.000 viviendas anuales, cuando serían necesarias unas 3.200, lo que está provocando una mayor presión sobre las residencias de segunda mano y en alquiler, haciendo que también se encarezcan.
Pero además, se ha puesto de relieve que para poder atender a la clientela local se deberían de poner a la venta inmuebles cuyo precio no superara los 2.000 o los 2.500 euros el metro cuadrado (entre 120.000 y 150.000 euros por un piso de 60 metros cuadrados), cuando en Palma la obra nueva se está moviendo entre los 3.300 y los 3.500 euros, lo que además está generando un éxodo hacia la part forana y agravando el déficit de infraestructuras viarias y de transporte público existente.
Un punto sobre el que se ha hecho hincapié es que el elevado porcentaje de inmuebles comprado por extranjeros (un tercio del total) no es un problema, sino un síntoma de lo que está sucediendo en las islas, y es que el elevado valor que ha adquirido el suelo, agravado en opinión de esta organización empresarial por la desclasificación de terrenos urbanizables, está provocando que esté saliendo al mercado un producto caro al que solo pueden acceder las personas de elevado poder adquisitivo, tanto españolas como procedentes de otros países.
En este sentido, se ha subrayado que Baleares es la zona de España donde más está aumentando el precio de los inmuebles y donde éstos son más elevados junto a San Sebastián, con el agravante de que los salarios de las islas son más bajos, lo que explica que el esfuerzo que se tiene que hacer en el archipiélago para acceder a un nuevo inmueble sea el más alto del país, teniendo que dedicar 16 años de salario integro frente a los ocho de Madrid o Barcelona.
Los tres responsables de la citada asociación empresarial han coincidido en la necesidad de proteger el territorio y evitar las edificaciones en suelo rústico, pero advirtieron de que las desclasificaciones han acabado con las reservas de terreno que había para impulsar la vivienda asequible.
De este modo, han subrayado que la solución pasa por permitir en algunas zonas la edificación de edificios más altos y con viviendas más pequeñas, para reducir el impacto del precio del suelo, y por modificar el uso de algunos solares que inicialmente estaban previstos para otros fines, como instalaciones deportivas o bibliotecas y que finalmente no se han desarrollado. En este sentido, se ha indicado que para ello la Administración podría imponer condiciones, como limitar el precio de una parte de las residencias que se desarrollen en estos puntos para garantizar que puedan ser adquiridas por las clases medias de las islas.
Los responsables de la asociación de promotores inmobiliarios de Balears (Proinba) han denunciado que los siete años de gobiernos del Pacto en las diferentes Administraciones de las islas solo han servicio para agravar el problema de la vivienda en el archipiélago, al desarrollar políticas equivocadas o que no han servido para afrontar los problemas existentes.
En primer lugar, se ha señalado que se ha agravado la escasez de suelo, por la vía de las desclasificaciones, haciendo que éste sea cada vez más caro, elevando así el coste de los inmuebles.
En segundo lugar, se critica la lentitud con que se están tramitando las licencias de obras, con plazos que superan el año cuando no deberían sobrepasar los tres meses, desincentivando las inversiones en esta materia.
Además, se ha lamentado que se haya abierto un debate que en esta patronal se considera absurdo respecto a la posibilidad de limitar la compra de segundas residencias por parte de extranjeros, al opinar que de esta forma se está buscando a un falso culpable de lo que está sucediendo en las islas, y haciendo uso de unos argumentos que tienen como objetivo recabar votos de cara a las elecciones previstas para el próximo año, de ahí que se vaticine que esta polémica se va a alimentar durante los próximos meses. En este tema, el presidente de Proinba, Luis Martín, ha recordado que la legislación comunitaria prohíbe discriminar a los ciudadanos de países miembros, por lo que las trabas que se pongan afectarán también a los isleños.
Por otro lado, Martín ha avanzado su intención de no presentarse el próximo año a la reelección, dejando así la puerta abierta a que aparezcan otros candidatos que quieran ponerse al frente de esta patronal.
