Mónica Gerster es madre de un niño de 21 años con síndrome de Asperger. Ha tenido que lidiar con la Administración durante más de nueve meses para conseguir solucionar el problema que se le presentó para renovar el certificado de discapacidad de su hijo, un documento que aún no posee («la resolución que te mandan a casa tarda unos meses más) pero cuyos trámites previos ya ha podido gestionar.
Gerster es una de las afectadas por la pérdida de información tras la unión de los departamentos de Discapacidad y Dependencia de la conselleria de Asuntos Sociales. Hay más casos. «Me dijeron que seguramente se trataba de un problema informático». Las constantes llamadas de Mónica a la conselleria finalmente han dado su fruto y ha conseguido las citas de valoración que precisaba para cerrar el expediente de su hijo.
Sin embargo, el hecho de tener el certificado de discapacidad caducado («recomiendo que la gente se ponga un año antes con los trámites», dice) ha tenido sus consecuencias. «Perdimos las ventajas de ser familia numerosa, por lo que me subieron las tarifas del bus», cuenta. «La Administración no perdona ni un día; en cambio, si ellos se equivocan o te pierden la información, pues el perjudicado eres tú».
El hecho de no tener el certificado en regla tendrá consecuencias en la próxima declaración de la renta de Gerster. El error lo pagará ella.
