La presidenta del Govern, Francina Armengol, mantuvo ayer la primera reunión de la semana con la Mesa de Diálogo Social, formada por miembros del Ejecutivo autonómico, patronales y sindicatos, para transmitirles su voluntad de proponer ayudas para los sectores más afectados, entre los que se encuentran el de transportes y el primario. Como de allí no salieron medidas concretas, este viernes se volverán a reunir para fijar las propuestas que Balears enviará al Gobierno central para dar solución a la escalada de precios de la electricidad y el combustible. Aunque la presidenta sí exigió tanto al Ejecutivo de Pedro Sánchez como a Europa que desacoplen el gas del precio de la energía para atajar el problema cuanto antes.
Asimismo, aseguró que la regulación energética es «la madre de todas las batallas» y que en la Conferencia de Presidentes de La Palma ya hubo unanimidad para que Europa tome la decisión de cambiar el marco energético actual.
El presidente de Pimem, Jordi Mora, afirma que la subida tan pronunciada de los precios «supone un escenario de incertidumbre para pymes y autónomos que ven con temor esta nueva etapa». En este sentido, pide llegar a los 12 años de devolución de los créditos ICO y ampliar a 24 meses más los plazos de carencia: «La patronal ha detectado problemas para hacer frente al retorno de los créditos solicitados y por lo tanto se trata de proponer y luchar por conseguir estos plazos».
Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), echan en falta la creación de la figura del ‘autónomo vulnerable’. Su presidente, Jeroni Valcaneras, reclama desligar la evolución del precio mayorista de la electricidad del bono social porque es una «medida positiva» de la que 1,2 millones de consumidores vulnerables en todo el Estado se podrán ver beneficiados, pero «sigue dejando atrás a cientos de miles de autónomos que no pueden acogerse a un bono similar para paliar los efectos tan negativos que están experimentando en su actividad económica diaria con los precios de la energía tan elevados de estos últimos meses».
El secretario general de UGT, Lorenzo Navarro, ve con buenos ojos que siga abierto el diálogo social porque la economía de las islas vive una «situación difícil y complicada».
La secretaria de Empleo y Formación de CCOO, Yolanda Calvo, insiste en la necesidad de «acabar con el oligopolio que determina el precio de la energía» y demanda la fijación de precios máximos por la posible extensión de la inflación al mercado del alquiler de viviendas.
El principal partido de la oposición sigue exigiendo al Ejecutivo de Francina Armengol una bajada de impuestos «cuanto antes». El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Toni Costa, propone que se rebaje el tramo autonómico del IRPF y exige al presidente Pedro Sánchez la bajada del IVA de la luz, el gas y la calefacción al 4%, la reducción del impuesto sobre hidrocarburos o la aprobación del Régimen Fiscal de Balears.
Desde Cs también reclaman que el Gobierno estatal tiene que aplicar una reducción del tipo del IVA de la factura eléctrica y del suministro de gas natural y sobre los carburantes del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4%. La coordinadora del partido, Patricia Guasp, defiende que el Govern, en el ámbito de sus competencias, «tiene que deflactar la tarifa del IRPF con el objetivo de ajustar los tramos de su escalada autonómica a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes».
