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Diario de Mallorca

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EL ANÁLISIS

Ganar la votación, perder el relato

El Govern ha aprobado la ley de Educación y el decreto ley de Turismo en tan solo dos semanas, pero la imposibilidad de grandes consensos deja un regusto amargo - March y Negueruela entendieron la complejidad del actual tablero político

El conseller March, en la votacion de la ley educativa. G. Bosch

El Govern de Francina Armengol ha constatado en estas últimas semanas que toda política es, fundamentalmente, una lucha por el relato. La aprobación de la ley de Educación y la validación del decreto ley de Turismo han tenido un elemento común: el Pacto y la oposición están en escenarios políticos más alejados de lo que creían. Dos victorias políticas con cierto sabor a derrota.

En la ley de Educación, el consenso era una de las principales condiciones del conseller Martí March, que estuvo negociando para que fuera una realidad. Pero el resultado distó mucho de sus expectativas y dejó un regusto amargo. March llevaba años trabajando en esta nueva legislación junto a agentes sociales y sus socios de Més y Podemos. Hasta hace pocas semanas, todo avanzaba bien e, incluso, había conseguido sumar al PP con una condición: la vehicularidad del castellano. Este punto estaba pactado y acordado tiempo ha, ya que era la línea roja interpuesta por los populares si quería su apoyo a la ley. March decidió ceder en este punto, pero a última hora sus socios de Més se desmarcaron y pusieron sobre la mesa la inviabilidad de añadir el castellano como lengua vehicular.

Las presiones de sus satélites y organizaciones afines fueron decisivas para que el equipo liderado por Lluís Apesteguia se plantara. Por tanto, March tuvo que elegir: o PP o Més, con el añadido de que posicionarse en contra de los ecosoberanistas podía romper el Govern. Por tanto, la balanza del conseller se decantó hacia el lado izquierdo. Varias personas vinculadas a los equipos de negociación explicaban, en privado, las claves políticas: «La idea era jugar la carta del diálogo y el consenso, y dar imagen de estabilidad para dejar al PP en fuera de juego y seguir presentándonos como la opción principal». Pero, como confiesan algunos, «la política siempre sorprende».

La ley de Turismo, en cambio, ya venía con el ‘no’ del PP prefijado. La norma incluía una exigencia imposible de asumir para los populares: la moratoria de plazas. Expresaron que caminar hacia el decrecimiento, como defendían en Més y Podemos, nunca contaría con su apoyo.

La extensa travesía casi bíblica del político gallego empezó con la presentación inesperada de los «avances» de la ley turística en Fitur, la feria turística celebrada en Madrid. Porque Madrid siempre marcará el debate político de Baleares. En aquel momento empezó la «batalla por el relato». El PP criticó que mostraran la ley en la capital sin antes haberla presentado a los partidos de las islas, y un hecho marcó la diferencia: el magnate turístico Gabriel Escarrer dio un espaldarazo al Govern con su aprobación y visto bueno. Aquello dejó descolocado al PP durante varios días, y aprendieron de golpe el significado de la hegemonía. Aunque la reacción fue rápida: tenían que conseguir el apoyo de los pequeños y medianos hoteleros, así como de todas las patronales que no fueran grandes hoteleros.

En aquel momento Negueruela entendió de forma clara que cualquier relato significa movimiento, y se mostró como un negociador nato, capaz de convencer a sindicatos y grandes empresarios, que había conseguido una norma «pionera en todo el mundo». Los hagiógrafos ya habían mojado sus plumas y horizontes ministeriales se vislumbraban a lo lejos. Hasta que el 11 de febrero, día de la presentación oficial, se conoció la «letra pequeña»: se utilizaría el decreto ley para que la moratoria de plazas, una exigencia de sus socios, en especial de Més, para que entrara en vigor aquel mismo día y evitar movimientos inesperados.

Armengol y Negueruela, este miércoles en el Parlament. | B.RAMON

A partir de aquel momento Negueruela, cual púgil experimentado pero un tanto exhausto, experimentó los efectos de la disidencia y el contraataque de una oposición que reclamaba su ‘momentum’. El primer gran golpe llegó de la Federación Empresarial de Hoteleros de Mallorca y la patronal del alquiler vacacional, que se opusieron de forma contundente y criticaron el decreto ley porque iba a ocasionar «perjuicios importantes». Las crónicas publicadas en este diario atestiguan la complejidad del asunto. Con tantos frentes abiertos, el PP vio la oportunidad de atacar al Govern y marcar posición: denunció que no habían negociado «nada con nadie», que la norma era «intervencionista» y que la iban a derogar si gobernaban en 2023. Así, los populares fijaban su estrategia: Armengol y sus consellers no solo no quieren consensuar, sino que sus leyes eran fruto de las «imposiciones».

El Govern ha perdido, si es que alguna vez la tuvo, la confianza de la oposición, y las dos últimas votaciones serán la carta que utilizará el PP para presentarse como la antítesis a la «soberbia y autoritarismo» en palabras de su líder Marga Prohens, con el objetivo de retomar el poder perdido en 2015.

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