El Parlament aprobó ayer una moción de Més per Menorca, con transacción de Més per Mallorca, en la que se obliga al Govern a constituir un grupo de trabajo junto al Gobierno estatal para realizar un informe sobre la viabilidad de limitar las compras de segundas residencias por parte de extranjeros.
El objetivo es recabar información sobre las normas que impiden limitar la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros. Además, se deberán plantear alternativas para modificarlas, a la par que analizar qué casos existen en el ámbito europeo e internacional que puedan servir de referencia para Baleares. El informe deberá estar listo en un año.
El primer punto, en el que se reclamaba establecer un régimen de regulación y limitación de los precios de alquiler de viviendas de Baleares a través de una ley propia, no ha sido aprobado ya que solo constaba con el voto a favor de Més per Menorca.
En otro de los puntos de la moción se insta al Ejecutivo autonómico a reforzar la inspección para determinar si las viviendas desocupadas constan en el Registro de viviendas desocupadas. Este ha contado con los votos en contra de PP, Cs, Vox y Maxo Benalal.
La encargada de defender la moción fue la diputada de Més per Menorca, Patricia Font. Aseguró que la vivienda es «un derecho y no una mercadería» y declaró que su partido «quiere garantizar que toda la ciudadanía de la isla tenga acceso a un lugar en el que vivir y desarrollar su proyecto vital».
Además de lo anterior, al Parlament exige al Ejecutivo balear que ponga todos los recursos necesarios para crear, en el plazo de seis meses, un índice de referencia de precios de vivienda que sirva como brújula para tener información sobre los precios del alquiler.
El documento también incluye la obligación de licitar en lo que queda de año la construcción de las promociones de viviendas de protección oficial previstas en Sant Lluís y Santa Ana.
