Con la Ley de Turismo puede verse el vaso lleno. El Govern la ha vendido como la transición del sector hacia un modelo circular y sostenible. Una apuesta valiente para buscar un «turismo regenerativo», según enunció el viernes el conseller del ramo, Iago Negueruela en un acto de la Fundació Impulsa Balears.
Medio lleno o medio vacío. Según con el pie que se levanten las patronales hoteleras. Empezaron bendiciendo la circularidad y las camas elevables que impone la norma en los hoteles, se pelearon con el Consolat de Mar por la moratoria de nuevas plazas y, en el último capítulo, han vuelto al redil marcado por Negueruela.
O bien en el vaso —del ‘Decreto Ley 3/2022 del 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears’— se pueden ver grietas y una alta dosis de escepticismo. Esta es la visión que transmiten voces de la Universitat (UIB).
Sin afrontar la masificación
«Los cambios de modelo no se hacen por ley» —explica Tolo Deyà, vicedecano de la Facultad de Turismo— para subirse a un tren, el de la sostenibilidad, que ya estaba en marcha». Con el «reto del cambio climático» clientes y empresarios, sostiene el doctor en Economía, ya han llegado a la conclusión de que hay que ser sostenibles». Deyà señala que muchas empresas ya estaban aplicando la circularidad «para diferenciarse y «nadie las obligaba». Otras querían hacerlo porque «cada vez se demanda más», añade. «Las leyes no cambian los modelos económicos», abunda, eso «lo tienen que decidir el Govern y los agentes sociales y pensar qué tipo de clientes queremos que nos visiten».
Ante el cacareado objetivo de la norma — «Balears será el primer destino circular del mundo», la presidenta Francina Armengol dixit—Deyà lamenta que «hay titulares demasiado sacados del marketing». «Como ciudadano y como lector», reprocha el economista Aleix Calveras, me parece que se pasan poniendo etiquetas». Para el catedrático, del área de Economía de la Empresa, la circularidad, es decir, la gestión ambiental, «no es un descubrimiento, sino la línea en la que tiene que ir todo el mundo». Deberían ser «un poco más comedidos», desliza.
Ante la circularidad y la moratoria turística que introduce la ley se puede ser, continúa Calveras, «optimista o escéptico». Por un lado, se trata de «pequeños pasos en la buena dirección» para avanzar en temas medioambientales, en las relaciones laborales, poner de nuevo límites a las plazas turísticas... Por otro lado, es «maquillaje para que las cosas no cambien demasiado, con pasos delimitados» en la transformación del modelo turístico. La gestión ambiental de los hoteles «per se no sirve para hacer frente a la masificación».
La «sorpresa» de la norma, la moratoria, era «indispensable». Otra cosa es que sea «suficiente o perdure en el tiempo después de que haya habido varias en veinte años», con excepciones y crecimientos, a los que se han sumado —dice Calveras— Airbnb y otras plataformas que han multiplicado el alquiler vacacional.
El geógrafo Macià Blázquez asegura que con esta recuperación de la moratoria —suspensión de concesión de nuevas plazas turísticas durante cuatro años— el archipiélago continúa «con el pie en el acelerador».
En un artículo publicado en Alba Sud (think tank catalán especializado en investigación y comunicación para el desarrollo), el catedrático e investigador en Turismo repasa la historia fallida de la limitación de concesiones de alojamientos turísticos por parte del Govern, desde mediados de los años 1980, legislando para incentivar la reconversión de establecimientos hoteleros obsoletos y, a partir de 1998, con el establecimiento de la bolsa de plazas. Blázquez critica que el bloqueo de plazas se restrinja a las nuevas, «de modo que la cifra total no dejará de crecer de inmediato». Advierte que quien tenga plazas en trámite, reservadas, etc., puede que supiera «anticipadamente la intención» del Govern.
En este sentido, hay que recordar que la presidenta Armengol anunció la moratoria a primera hora del viernes 11 de febrero y hasta las dos de la tarde no se publicó el decreto ley en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). En Mallorca ese día se solicitaron 61 nuevas plazas. En Eivissa, se ‘colaron’ 485 plazas en el Consell insular (405 plazas solo para un hotel).
La desregulación a raíz de la crisis financiera de 2008 ha facilitado ya en Balears, explica Blázquez, la concesión de 19.434 plazas entre 2010 y 2021, más de las que se dieron entre 1998 y 2010, 16.117 plazas.
Sobre el incremento de plazas en la última década, Deyà sostiene que no se debe al sector hotelero, salvo con los establecimientos de cinco estrellas, agroturismos y hoteles rurales. Lo achaca al alquiler vacacional y subraya que en la industria hotelera hoy en día los cinco estrellas son la categoría «abundante; esto ya supone un cambio radical».
Calveras afirma que con la moratoria «limitada» del Pacto no habrá reducción de plazas. Hubiera sido mucho «más ambiciosa si en este entorno de venta de activos, el Govern hubiera entrado a comprar hoteles, «retirando plazas y reconvirtiéndolos en viviendas». De un plumazo se habría plantado cara a dos problemáticas del archipiélago. En la ley Negueruela faltan «líneas valientes».
Desde el punto de vista jurídico, el doctor José Luis Mateo, profesor de Derecho Mercantil, reprueba que si se buscaba un cambio de modelo no se haya reformado la ley «de arriba a abajo», porque se limita a «un único título de circularidad, algunos artículos y disposiciones. La ley Delgado, rememora el exdirector de la Escola d’Hoteleria, ya preveía «impulsar el turismo sostenible».
Cuestiona que «no queda claro la extrema urgencia» de aprobar la norma por decreto ley. En su preámbulo «se desvela» que es por llegar a tiempo con los plazos de los fondos europeos Next Generation. Ahora bien, agrega Mateo, el Govern en su discurso lo justifica por el bloqueo de plazas y evitar «un efecto llamada».
Lo «preocupante» es que la norma es «intervencionista y no se ha llegado a consensuar, ya no en el arco parlamentario, sino con hoteleros, alquiler vacacional, restauradores, agencias de viajes, productores... Para el experto legal, peligra la libertad de empresa y la libre competencia y critica que «el intervencionismo» de los poderes públicos frena la actividad empresarial y genera inseguridad jurídica.
En este debate público se mezclan conceptos; el decrecimiento de plazas no lleva al decrecimiento económico, «si los turistas pagan más», arguye Calveras. Y si por la norma «tal vez» se produce una «pequeña reducción de plazas» tampoco será «significativo».
La promoción de una circularidad «subvencionada» —enjuicia Blázquez— aplicada solo a los hoteles y no al transporte de mercancías, personas, producción de electricidad..., no tiene sentido. Y es más, se sigue «regalando» superficie edificada, patrón de todos los partidos políticos desde la crisis de 2008.
En la ley sobre el modelo turístico y la capacidad de carga de las islas se elude «definir el papel» de aeropuertos y puertos, observa Calveras, infraestructuras, remarca, que no dependen del Govern, aparte de que tampoco se aborda el turismo de cruceros, por ídem, más allá de ese acuerdo «de buena voluntad» con la patronal pendiente aún de cerrarse.
Otra ausencia. «La ecotasa ya no está encima de la mesa —prosigue el economista— cuando se podría haber incrementado para años venideros, máxime en el caso del control de las masas de cruceristas. En esta ley, acota el abogado, «se podría haber aprovechado para dar contenido y destino al ITS».
«¿Sabemos el agua que consumen los turistas?», interpela Deyà. Se declara «cansado de oír hablar de reducir impactos que aún no se han medido. Empezamos la casa por el tejado». Otro dardo. El Govern va a empezar a «dar millones a tecnológicas —van a salir proyectos como churros—, cuando las islas carecen de capital humano. Eso no es un proyecto circular», condena. «Hay que empezar, por los centros de formación».
Este decreto circular es un vaso con diversidad de fugas razonables.
DISPARIDAD EN EL PIB TURÍSTICO EN DIEZ PUNTOS PORCENTURALES
El turismo en Balears supone «más del 45 % del PIB» en las islas, arranca el preámbulo de la ley Negueruela. Sin embargo, recuerda el economista Tolo Deyà, «según las tablas del Govern», las actividades vinculadas al turismo representan el 34,8% del PIB, de acuerdo a los resultados del ‘Marco Input-Output 2014’ de Balears, herramienta para la planificación económica que se realiza cada cinco años y presentó en diciembre de 2019 el conseller. Son diez puntos de diferencia. Hacia 15 años que el Ibestat no la actualizaba.
