¿Qué cambiará en Balears con la nueva Ley de Educación?
Lo más importante es que se consolida desde el punto de vista legal e institucional la labor que ya hemos estado haciendo. Establece compromisos específicos fijados por ley, y sobre todo abre nuevas perspectivas. Esta legislación seguirá mejorando la educación de las islas, tal y como hemos hecho desde 2016.
La ley incluye la extensión progresiva de la educación infantil para universalizarla y hacerla gratuita. ¿Cómo se llevará a la práctica?
Se hará de forma gradual, aunque nuestro objetivo es que sea lo más rápido posible. Estamos creando nuevas plazas de escolarización, y ayudando en el proceso de reconversión de guarderías para que formen parte de la red pública de escoletes. También tenemos una partida económica, que se irá incrementando cada año, destinada al mantenimiento de dichas plazas, tanto a las escoletes públicas como a las de la red complementaria. Y por otro lado, consolidamos lo que ya veníamos haciendo en cuanto a becas comedor y demás ayudas a servicios complementarios.
La legislación otorga importancia a la autonomía de centros, pero no incide en la perfilación de plazas. ¿Será uno de los puntos que se desarrollen con los decretos?
En la segunda descentralización (de la Conselleria a los centros) hay cuatro niveles: la autonomía pedagógica, la organizativa, la económica y la de gestión personal. Y en ese último nivel sí que queda claro que los colegios podrán perfilar plazas, aunque es verdad que se tendrá que regular. Lo más importante es que estas plazas saldrán a concurso público a través de comisiones de servicios. Así que la perfilación será, básicamente, para funcionarios, no para interinos. Porque nuestro objetivo es que en 2024 haya solo un 8% de interinos. Eso sí, se hará de manera muy transparente, será la Conselleria quien decida los profesores que van en cada centro.
De momento, lo que sabemos sobre la FP es que se ampliará la oferta pública. ¿En qué sentido se prevé impulsarla?
Esta ley institucionaliza lo que ya veníamos haciendo, es una obligación legal para seguir avanzando en esta línea. Con la ayuda de los fondos europeos, Balears es la comunidad que más plazas de FP ha creado en términos relativos. Con la normativa ponemos en valor familias profesionales con nuevos ciclos, cursos de especialización y certificados de profesionalidad que se demandan cada vez más, como las energías renovables o la náutica. También tendremos en cuenta el crecimiento que queremos en las islas. Si requerimos energía limpia, necesitamos técnicos que sepan gestionarla. Consolidaremos la oferta formativa en consonancia a la transformación del modelo económico de las islas y al Plan Integral de FP. Y contamos con la participación de los centros concertados.
Habrá un Plan de infraestructuras revisable cada 2 años. ¿Se ha hecho pensando en reducir el número de barracones, o incluso erradicarlos?
No expresamente. El plan responde a la demanda de ampliar centros educativos, hacer reformas, quitar barreras arquitectónicas, fibrocemento... Cuando llegamos, no había ninguno. Y nosotros lo hicimos analizando las necesidades de cada centro y la demografía de cada región. Lo importante es que el plan se institucionaliza, es decir, a partir de ahora será obligatorio tenerlo, pongámoslo en valor. Me gustaría saber qué comunidad autónoma tiene institucionalizado un proyecto similar. En cuanto a las aulas modulares, es evidente que nuestro objetivo es ir eliminándolas, y si no hemos quitado más es porque tenemos una población escolar que crece continuamente, a diferencia de otras autonomías.
La legislación entrante introduce elementos de memoria histórica en los colegios. ¿Por qué es importante?
Va en consonancia con la reforma que hace la Lomloe, que es la que realmente introduce la memoria democrática en los currículums, igual que los temas de igualdad de género. Es muy importante que los alumnos tengan conocimientos en este sentido, y no tanto por razones políticas, sino porque forma parte de la historia de este país. De hecho, incluso habrá una asignatura de cultura de Balears.
Usted ha dicho en varias ocasiones que la ley ha sido consensuada con todos los sectores, pero hay entidades que aseguran lo contrario. ¿A quién nos creemos?
A mí, que soy uno de los padres de la ley (ríe). Quien diga que no ha habido diálogo, dice una mentira. La norma se comenzó a elaborar en 2016 con el documento Illes per un Pacte, después la enviamos al Consell Escolar, que la remitió a la Comisión de Educación del Parlament. Y en 2018, comenzamos a redactar el anteproyecto, que luego se pasó a exposición pública. Después lo pasamos por mesas sectoriales, sindicatos, organizaciones, Consell Escolar, Institut de la Dona... Y se recogieron las aportaciones de todo el mundo. En la fase política hemos aceptado más de 200 enmiendas, de las cuales unas 80 son del PP. Quiero recordar que la señora Ayuso ha hecho una ley de educación en tres meses, y en contra de la Lomloe. Yo entiendo que todo se puede matizar, que no todos estén de acuerdo. Y comprendo que los sindicatos siempre tengan que ir un poco más allá, porque esa es su función. Pero el núcleo de la ley nadie lo cuestiona. Nadie discute que se tenga que aumentar el presupuesto en educación o bajar las ratios. Y quien diga que no se ha negociado, miente. Es más, niego totalmente que no se haya consensuado. Lamento mucho que se hagan lecturas tan negativas, creo que la gente no pone en valor todos los compromisos que hay.
Le acusan de favorecer a la escuela pública en detrimento de la concertada.
Eso es mentira. Es que todo el mundo se centra en lo malo. Ellos dicen que no se sienten reflejados, pero después sale el sindicato Alternativa y dice que la ley se ha hecho pensando demasiado en la concertada. Sinceramente, no sé si no han leído bien la normativa o es que se vendan los ojos de manera distinta. Es una ley de equilibrios, también entre la pública y la concertada. Tenemos convenios con ellos, un compromiso real de actualizar los módulos de financiamiento, y también de equiparar los sueldos de los profesores de ambos sectores.
¿Por qué cree, entonces, que se sienten desprotegidos?
Mire, no ha hablado toda la escuela concertada. Quien ha hablado es Escola Catòlica, y creo que deberían pensarse bien lo que dicen. Ya me gustaría que admitieran públicamente todo lo que se ha hecho desde 2016. Como conseller, a veces me tengo que reprimir, porque no puedo entrar en polémicas. Pero hay declaraciones que considero que atentan contra la verdad, y quiero pedir responsabilidad contra las ‘fake news’. Escola Catòlica representa una parte de los colegios, e incluso me gustaría saber si todos están de acuerdo con esa afirmación. Nosotros hemos pactado muchísimas cosas con ellos, y quien lo niegue miente. Y eso me molesta. Me molesta que algunos hayan cambiado su discurso solo por lo que pasó el lunes, lo de la vehicularidad del castellano.
¿Entiende el malestar del PP?
Lo entiendo. Pero hay que decir que se aceptaron unas 80 enmiendas del Partido Popular, y votaron en contra de lo que ellos mismos habían redactado. Yo comprendo que estén molestos, sobre todo por las formas, pero el consenso solo se rompió por el tema de la vehicularidad, todo lo demás es consensuado. Creo que el PP ha aprovechado la situación para resituarse políticamente, echarse a los brazos de Vox y estar tranquilos con su electorado, que a lo mejor no hubiera aceptado pactos con los partidos del Govern. Esa es mi interpretación, porque no puedo entender que votes en contra de lo que tú mismo has pactado. Pero que conste que nosotros seguimos teniendo la mano extendida con el PP, y con todos los partidos.
Sin el consenso que esperaba, ¿cree que la Ley será estable?
Si algún día el PP gobierna, que no lo creo, no se atreverán a hacer política de confrontación en educación. La gente que no aprende de los errores es poco inteligente, y al Partido Popular todavía le persiguen los de Bauzá. Estoy convencido de que la ley se mantendrá. Eso si no se tiran a los brazos de la extrema derecha, claro. Esa es una deriva que me preocupa, también en el social. Al PP le mandaría un mensaje de moderación, que se den cuenta de que en el Parlament votaron todo el tiempo lo mismo que Vox. Y hay gente que tomó nota de eso.
¿Buscará el consenso de los populares a través de los próximos decretos de la ley?
Bueno, yo creo que ahora tiene que pasar un tiempo para que todo el mundo se tranquilice, porque se ha actuado con visceralidad, y no con razón. No ha mandado ni el corazón ni la cabeza. Han mandado las vísceras. Y eso nunca es bueno en política. Y de todas formas, yo acepto mis errores. Admito que la forma de comunicar la modificación el lunes no fue la correcta, porque no avisamos. Y tengo una sensación agridulce por cómo ha acabado todo. Pero de ahí, a que voten en contra, no lo entiendo, creo que el PP tiene que hacer una reflexión. Además, hay que saber ganar y perder. Me hubiera gustado que el señor Costa viniera a felicitarnos a la presidenta y a mí en el Parlament...hay gestos que hacen ganar batallas.
Dice que admite sus errores. Si pudiera volver atrás, ¿actuaría de la misma manera?
Yo, si volviera atrás, nunca volvería a actuar igual, ni siquiera en mi vida personal. Pero, en general, creo que el proceso de diálogo se ha hecho bien. ¿Que al final algunas cosas han salido mal? Sí. Pero yo he reflexionado, y creo que tenemos que hacerlo todos. En política hay que tener autocrítica, y yo la tengo. Y por cierto, el PP fue el que promulgó la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos. Así que no es un modelo radical, como dicen algunos. Además, el castellano es una lengua oficial según el Tribunal Constitucional, así que es vehicular, lo ponga o no en la Ley de Educación. Por eso, decir que hemos eliminado la vehicularidad, como dicen los medios, es una falsedad, porque ya viene dada por sentencia. Ponerla o no en la ley es una cuestión política, nada más.
Vox ya ha anunciado que llevará la nueva legislación al Tribunal Constitucional. ¿Qué recorrido le ve a la denuncia?
Sí, lo anunció antes de leerla... un ejercicio intelectual profundo. No sé que recorrido tendrá, pero yo estoy convencido de que la ley es constitucional. La Lomloe, por ejemplo, tampoco menciona nada de la vehicularidad. Mire, nuestra preocupación es que los estudiantes salgan con las competencias adecuadas. Yo, como conseller, me sentiría fracasado si los estudiantes solo supieran catalán o solo castellano. Nosotros no queremos ciudadanos monolingües, ¿en qué cabeza cabe? Vox hace discursos falsos, dicen que tenemos una situación catastrófica y no es así. Todos los indicadores desde que gobernamos hasta ahora han mejorado.
¿No teme usted que el 25% de castellano se acabe imponiendo por la vía judicial, como en Cataluña?
Lo que pasó en Cataluña es distinto, fue porque la Generalitat se mantuvo inactiva. De todas formas, si tuviera miedo, no sería conseller. Nosotros siempre acatamos las sentencias. Ahora, por ejemplo, hay un recurso que se discutirá en el Tribunal Superior, y se personan la Obra Cultural Balear, el STEI y la Plataforma per la Llengua. Alegaremos que no marginamos el castellano, que nuestros alumnos saben ambas lenguas. Pero si tenemos que hacer alguna norma al respecto, la haremos. Quiero decir una cosa: la escuela ha salvado el catalán. Si no fuera por los colegios, ya habría desaparecido. Nunca había habido tantos alumnos que supieran leer y escribir catalán. El problema no está en la educación, está en el uso social. Así que no quiero que el idioma sea un elemento de confrontación ni crispación.
Pues parece que lo ha sido...
Bueno, relativamente. La cuestión solo ha salido en el tramo final del proceso de negociación. A algunos sectores no les gusta porque tiene un valor simbólico importante. Pero esta legislación tiene muchísimas cosas más. Me gustaría hacer debates serios, lo digo sinceramente, sobre todos los puntos de la ley. No quiero debates de titulares de diarios. Me molesta mucho que se simplifiquen los mensajes, por ejemplo, cuando se dice que la ley va en contra el castellano. Es obvio que no.
Después de todo, el PP y organizaciones como PLIS Educación le acusan a usted de que en realidad nunca tuvo la intención de que el castellano fuera vehicular.
No voy a entrar en polémicas absurdas de entidades que ni siquiera han hablado conmigo. Y lo del Partido Popular puedo entenderlo en el fragor de la batalla, pero que no me hagan hablar, que ellos también han dicho muchas cosas. Que me dé lecciones de diálogo un partido que sacó a 70.000 personas a la calle en 2013 es un poco cínico... Evidentemente, soy un defensor del catalán, pero he hecho artículos en castellano, inglés, francés... Creo que no me tienen que dar lecciones sobre eso. No me suponía ningún problema ponerlo vehicular, pero tampoco quitarlo, porque al fin y al cabo es una cuestión constitucional. Entiendo que para ciertos sectores es simbólico. Pero para mi no es un símbolo, es pedagogía. Así que no voy a aceptar críticas infantiles. Y vuelvo a repetir, el modelo lingüístico es del PP. Eso les perseguirá toda la vida.
¿El PP de Cañellas era más proteccionista con el catalán que el actual PP?
Sí, absolutamente. La normalización lingüística de Cañellas en el 86 ahora no sería posible. Y decir que es un modelo radical es un juego de falsedad política. Me gustaría que el PP fuera razonable con sus críticas. Y de los demás ni voy a hablar, porque Ciudadanos se pasó de frenada y para Vox no tengo palabras.
Usted reconoció presiones por parte del PP y de Més, antes de la modificación lingüística el lunes. ¿Quién rompió antes el consenso?
Todos los grupos políticos tienen sus matices, por eso los gobiernos de coalición son complicados. Y Més, en el tema de la lengua, tiene una sensibilidad distinta. Hubo nervios, tensión entre varios sectores internos de Més y sindicatos que no aceptaban lo de la vehicularidad, y se hizo una reunión, de la que surgió un acuerdo de todos los partidos del Govern.
Entonces entiendo que el consenso se rompió primero con Més.
No se rompió nada. Expresaron su malestar, y se decidió hacer una reunión el lunes por la mañana. Y esa decisión a lo mejor no se comunicó correctamente, y por eso el PP se ha sentido ninguneado.
¿Tenía usted un acuerdo firme con el PP para que se abstuvieran?
Yo con el PP tengo muchos acuerdos, en concreto, 80 (enmiendas). Nada más. Como conseller, no tengo la capacidad de hacer un acuerdo al margen del gobierno de coalición. El Partido Popular personificó su crítica en mí, y me molestó que yo no pudiera contestar. Es un poco oportunista hablar de traición, con lo que está pasando en Génova. Yo no tengo miedo de asumir mi responsabilidad, aunque fue un acuerdo colectivo. Y aún así, vuelvo a decirlo: lo del PP fue una reacción visceral, una pataleta. Y estoy convencido de que, con el tiempo, aceptarán sus propias enmiendas. Y algún día me volveré a hablar con ellos. Es evidente que políticamente se ha roto la relación, pero no tengo ningún problema en dar el primer paso para arreglarlo. Y el segundo, el tercero y el décimo. Al undécimo, ya me lo pensaré.
