Carlos Susías es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España y Europa. Está al frente de una coalición formada por veinte entidades sociales y ONG que incluyen la Cruz Roja, Cáritas o la ONCE. Visitó Palma invitado por el Fórum de la Societat Civil y EAPN Balears para impartir una charla.
Durante su charla ha comentado que a una parte de la población las entidades sociales ya no les hacen tanta gracia como antes. ¿Por qué?
Porque hemos empezado a hablar de otras cosas. No solamente nos preocupamos de paliar el sufrimiento de la población vulnerable, sino que además queremos cambios estructurales que sirvan para erradicar la pobreza, especialmente la pobreza severa. Eso nos lleva a hablar de cosas de las que antes no hablábamos. Por ejemplo, si decíamos que era necesario encontrar una casa para alguien, ahora decimos que hay que cambiar las políticas de vivienda. Se decía que las ONG teníamos que ser apolíticas y nunca lo hemos sido. Debemos ser apartidistas, pero no somos apolíticos cuando decimos que queremos mejorar las políticas educativas, sanitarias o de vivienda. Y cuando pedimos un sistema fiscal más justo.
Defiende que las entidades sociales tienen que ser un lobby de presión. ¿Influyen menos de lo que les gustaría?
Sí, pero eso les pasa a todos los lobbies. Pero nosotros no queremos políticas pensadas solo para personas en situación de vulnerabilidad; queremos que las políticas generales que se hacen para toda la ciudadanía no dejen fuera a los más vulnerables. Es una visión distinta de lo que puede ser un lobby tradicional.
Ha hablado de «violencia administrativa» contra los más vulnerables. ¿A qué se refiere?
La violencia administrativa se da casi con carácter general, pero sobre todo contra las personas más vulnerables. Es el trato, la inaccesibilidad y la petición de documentos innecesarios a personas que no tienen demasiadas habilidades en ese ámbito. Se habla mucho de lo que ocurre en los bancos con las personas mayores, pero si eres pobre también la has fastidiado. Da la sensación de que hay institucionalizada una cierta aporofobia.
Antes tener trabajo garantizaba una estabilidad económica.
Para tener estabilidad necesitas un salario digno. Y si el salario no permite que una familia se sitúe por encima del umbral de la pobreza, no cumple con esa función social. Si pese a estar trabajando estás en una permanente situación de necesidad, puede quebrar tu salud mental o la convivencia dentro de la familia. Para luchar contra la pobreza en el empleo tenemos que actuar sobre el empleo.
Parece que la pobreza más que retroceder, se diversifica. Se habla de pobreza laboral, digital, energética...
Cuando ponemos apellidos a la pobreza lo hacemos para focalizar un problema determinado. Pero la pobreza en el hogar es única. Una familia no sufre pobreza laboral, infantil o energética. Las sufre todas al mismo tiempo. Ser pobre significa que siempre tienes que estar eligiendo: ¿pago la luz o compro unos zapatos al niño? Es una elección permanente, y estar instalado en el ‘no’, como cuando te piden algo tus hijos. Ser pobre va más allá de no tener ingresos, muchas veces quiebra la convivencia familiar.
El llamado escudo social ha amortiguado en impacto de esta crisis en comparación con la de 2008, pero se nos repitió que ‘nadie se va a quedar atrás’ y eso no ha sido así.
Es un eslogan muy bonito, pero hacerlo efectivo es muy difícil. El escudo social ha funcionado muy bien, pero no es verdad que no se haya quedado gente atrás. Hay quienes ya estaban en la periferia del sistema y el escudo no les ha llegado. Han tenido que recurrir a servicios sociales de base, que con la covid han estado muy debilitados, y otros han tenido que recurrir a entidades sociales. Hay que hacer cambios de regulación en nuestro sistema de protección para que esa gente no se quede fuera. Como en el ámbito de las empleadas del hogar o con personas inmigrantes. Desde luego no solucionaremos los problemas cerrando los ojos.
Según el último informe de EAPN Balears un 22% de la población de las islas está en riesgo de exclusión. ¿No es un porcentaje muy alto en una comunidad teóricamente rica?
Tiene que ver con los sistemas de redistribución que existen. El aumento del salario mínimo ayudará a que se mitiguen las diferencias, y también el Ingreso Mínimo Vital. Lo que hay que procurar es que cuando llegan esos recursos de ámbito estatal no se produzca una reducción de los recursos de los gobiernos autonómicos con el pretexto de que ya tienen los del Estado, que es algo que ha pasado en algunas comunidades. En la encuesta de condiciones de vida del año que viene se tendría que notar una mejora, no sé si tanto la pobreza relativa como la pobreza severa.
