Martí March, un conseller notablemente por encima de la media del Govern, quería pasar a la historia por una Ley de Educación con su rúbrica. Ya la tiene, aunque sea a trompicones en cumplimiento de los accidentados tiempos políticos. El catedrático de Pedagogía buscó un texto de amplio espectro. Confiaba incluso en un apoyo masivo del PP españolizado, como si hubiera sufrido una alucinación digna de Pablo Casado.
Un reflejo agónico de Més, al que le cuesta aceptar que ejerce el papel de indefensa Díaz Ayuso que el elefante socialista desea aplastar, obligó al conseller a catalanizar el texto de consenso para aplacar a sus vecinos. Larga vida a la Ley March, aunque la longevidad de los proyectos legislativos se mide en meses.
La Ley de Normalización Lingüística de Balears fue promulgada por un Govern del PP, cuando ocupaba las amplias llanuras entre la derecha extrema y el socialismo, equivalente en más de un caso a su contemporánea CiU que Jordi Pujol capitaneaba en Cataluña con la mallorquina Aina Moll de ariete lingüístico. El texto en defensa del idioma oficial y además propio de la comunidad era tan radical, que exigía el aprendizaje del catalán a los jóvenes peninsulares destinados a cumplir su servicio militar en Mallorca. El Tribunal Constitucional tuvo que impugnar este furioso exceso de asimilación.
Hoy en día, los colegios privados o concertados construyen su currículo bajo el sobreentendido, formulado por debajo de la mesa a la clientela potencial, de que «aquí el catalán se reduce a su mínima expresión». Su publicidad equivale a las promociones inmobiliarias para extranjeros en Balears o la Costa del Sol, donde los vendedores anuncian tranquilizadores que «podrá usted vivir sin utilizar el idioma local», el castellano en este caso.
Ningún Govern aprobaría hoy un texto similar a la LNL, y esta nula ambición se traslada a las desvaídas políticas medioambientales o turísticas de los Pactos de Progreso, incapaces de alumbrar la versión radical de la Ley de Espacios Naturales. La Ley March aspira a suministrar un marco integrador, por lo que no corregirá carencias arraigadas en Balears y diagnosticadas por la Unión Europea desde hace décadas.
El empobrecimiento de Balears se inició a mediados de los noventa, en el tránsito de Cañellas al primer Govern de Matas, aunque nadie lo diría porque la riqueza per cápita de la comunidad no solo lideraba por entonces con holgura el mapa autonómico español, sino que se situaba hasta veinte puntos por encima de la media europea, a la altura de los Länder alemanes.
Pese a la euforia, los barómetros de la UE detectaban dos carencias de la bonanza engañosa. La primera señal de alarma se cifraba en el riesgo inasumible de la dependencia del monocultivo turístico, del que se sigue jactando en su preámbulo la pomposa Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y Circularidad del Turismo, al blasonar que «el turismo representa más del 45 por ciento del PIB». Ahí está el problema.
El segundo motivo de estupefacción de Bruselas, ante la pujanza irracional de Balears en el cambio de milenio, señalaba el contraste entre una comunidad rica y unos niveles educativos y de población universitaria deplorables. Este dilema se ha resuelto por la vía previsible. Después de un cuarto de siglo de negarse a la evidencia de su exuberancia iletrada, Balears ya se ha depauperado. El abandono escolar se ha reducido porque ha desaparecido la riqueza, una región pobre pero educada.
Jaime Matas Palou, alumno como su vicepresidenta Rosa Estarás del Luis Vives que debía simbolizar una educación selecta y laica, efectuó los trámites para llamarse Jaume en el DNI. Un alto cargo del PP balear actual, bajo vigilancia de Vox, multiplicaría los esfuerzos para recorrer el camino inverso y castellanizar su patronímico. March ha pecado de nostálgico al imaginar que lidiaba con el centroderecha regionalista inventado por Cañellas.
Matas apadrinó un Decreto de Mínimos que avala la inmersión en catalán y que lapidaría el PP actual, a las órdenes de la exnacionalista Marga Prohens. La derecha debería rematar su evolución decretando que el único idioma obligatorio en la realidad social y constructora de Mallorca es el sueco.
March se ha dejado la piel en su ley, y la explica con soltura. Por desgracia, su claridad demuestra que no hay diques a la continuidad católica ni a la penetración islámica, además del equívoco concepto de la autonomía de los centros. Se debe pelear a muerte la libertad de cátedra, pero la independencia colectiva hay que ganársela.
Balears no es autónoma y mucho menos autosuficiente. No solo importa la mayoría de los bienes materiales, también los intelectuales. Ahora mismo, la Universitat que queda extrañamente fuera de las competencias de March alberga la primera generación de catedráticos que han desarrollado su formación íntegra sin salir de la comunidad.
El fruto de la autonomía universitaria es un trabajo que demuestran que los cruceros no contaminan, subvencionado por la muy neutral Autoridad Portuaria. Otra obra monumental confirma que el alquiler turístico no eleva los precios del acceso a la vivienda. Es decir, la UIB es un entorno ajeno a las leyes químicas y económicas que rigen en el resto del Universo No es de extrañar que la UE se maravillara de que Balears fuera un día un oasis de riqueza.
