La Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears ha decidido archivar la investigación sobre las presuntas vacunaciones irregulares de 46 cargos del IB-Salut, el Consell y de varios ayuntamientos por inmunizarse cuando no les tocaba. Lo que ocurre es que Anticorrupción no entra en el fondo de la cuestión ni a dilucidar si los 46 cargos se saltaron la cola. Archiva la investigación por defectos de forma en las notificaciones de las resoluciones.
La investigación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción se inició a instancias de cuatro denuncias, entre ellas unas del PP. El objetivo era averiguar si el 27 de diciembre, día que se inició la vacunación en Balears en la residencia Oms/Sant Miquel y solo podían vacunarse usuarios y personal de residencias de ancianos, lo hicieron seis cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca. Se inmunizaron con el argumento de que sobraban dosis la directora insular de Gent Gran del Consell y ahora consellera de Derechos Sociales, Sofía Alonso; la subdirectora de Atención a la Cronicidad de Salud, Angélica Miguélez; el entonces coordinador de vacunación, Carlos Villafáfila; el gerente de Atención Primaria, Miquel Caldentey; la directora de Enfermería, Consu Méndez, y otra subdirectora, Noelia Martín.
Después también se vacunaron las cúpulas directivas de los hospitales, así como alcaldes y ediles. Es el caso de un concejal de Menorca y del alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots per Pollença), y de la regidora de Servicios Sociales de esta localidad, Francisca Cerdà. En el caso del primero se denunció el uso de fondos públicos para hacerse pruebas PCR y, en el caso de la edil, que se vacunó de forma presuntamente irregular en febrero de 2021, cuando aún no le tocaba.
Esta investigación provocó un sonoro enfrentamiento entre el entonces director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, y el Govern, ya que Far solicitó al Ejecutivo un listado de todos los cargos para iniciar las pesquisas. Se apunta que esta investigación y el enfrentamiento con el Govern, con un duro escrito de alegaciones de la Abogacía de la Comunidad contra Anticorrupción, fue uno de los motivos de que Jaume Far presentara su dimisión. Far anunció su marcha en septiembre y se hizo efectiva en enero.
Poco más de un mes tras la marcha de Far, la directora en funciones de la Oficina Anticorrupción, María Belén Méndez, ha decidido archivar el caso.
Los argumentos expuestos por la resolución de archivo relatan que el dos de diciembre de 2021 se les dio 10 días a los investigados para que presentaran alegaciones. No obstante, un día después Anticorrupción decide ampliar el plazo de investigación hasta el 8 de marzo debido al retraso en las notificaciones «a la multitud de interesados».
Pese a ello, muchas alegaciones indicaron que las notificaciones no se habían realizado a tiempo y así lo expresa la resolución de Anticorrupción: «Se pone de manifiesto que, si bien se ha resuelto en plazo, las notificaciones de la ampliación del plazo de investigación no se ha realizado dentro del plazo máximo para resolver y comunicar».
