La problemática de la vivienda es uno de los temas que se repiten cada semana en el pleno del Parlament porque se ha vuelto una causa mayor ante la imposibilidad de los residentes de acceder a una vivienda digna, ya que los precios desorbitados solo son asumibles por los extranjeros.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, tuvo un momento de sinceridad máxima en su semanal debate con el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, al hablar directamente de que «en Baleares tenemos las competencias que tenemos. El mercado es libre y es muy complicado tomar decisiones desde las autonomías».
Esta apreciación vino precedida por unas declaraciones que ponían contexto al planteamiento de la dirigente: «Es un debate muy amplio. Balears tiene una presión demográfica muy alta y es un territorio absolutamente limitado. Esto conlleva una presión también muy alta sobre el suelo».
Además, la presidenta volvió a incidir en que una de las razones de este aumento de precios está relacionado con la compra de segundas viviendas, y citó al expresidente balear Gabriel Cañellas: «Dijo que nos teníamos que convertir en la segunda residencia europea y, a veces, cuando planificas las cosas, salen».
Castells, uno de los diputados que más énfasis han puesto sobre la emergencia habitacional y la masificación de las islas, apuntó que un residente necesita 16,5 años de sueldo para adquirir una vivienda. En cambio, a nivel estatal la media se sitúa en los 8 años. «Esto evidencia la terrible realidad de Balears, que viene por dos factores: los sueldos son muy bajos y los precios son muy caros».
Añadió que el modelo turístico de Balears atrae mucha mano de obra poco cualificada y con sueldos bajos, lo que provoca una gran presión demográfica que tiene como resultado un aumento de la demanda muy por encima de la oferta.
La socialista argumentó que, «dentro de nuestro pequeño margen», el Govern ha tomado decisiones como el aumento de la fiscalidad a las grandes ventas, principalmente las situadas por encima del millón de euros, a las que se ha incrementado el impuesto de patrimonio. Asimismo, explicó Armengol, «lo reducimos para las primeras residencias a los residentes por menos de 200.000 euros e incentivamos su compra».
Una de las cuestiones que detalló es que están trabajando a nivel europeo para tener un Estatuto de Islas Pobladas junto a otras regiones del Mediterráneo como Córcega, para poder hacer frente a este problema.
De igual forma, remarcó que en la ley turística han abordado la cuestión de la limitación de plazas, «que hace más atractivo el alquiler residencial en contraposición del vacacional», y también con la ley de vivienda y la construcción de nuevas viviendas que se hace «con mayor intensidad que en cualquier otro momento de la democracia».
