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La ley turística impulsa la rebaja de las cargas de trabajo en el sector

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral debe elaborar en un año la herramienta para calcularlas y los sindicatos pretenden incorporarla al convenio de hostelería que se negociará en 2023

El Govern pretende fijar límites a las cargas de trabajo en el sector turístico.

El Govern ha decidido incorporar en la nueva ley turística la herramienta destinada a medir las cargas de trabajo existentes en hoteles, restaurantes y bares, y ha encargado este cometido al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral de las islas (IBASSAL), lo que permitirá a los sindicatos incorporarla en el convenio del sector que se tiene que negociar en 2023. Esta decisión se adopta tras el fracaso a la hora de realizar esta labor de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de la Hostelería en el archipiélago, de la que forman parte la patronal y los sindicatos, con la acusación de estos últimos contra la primera de haber torpedeado sistemáticamente cualquier intento de afrontar este problema.

Los secretarios generales de las federaciones de hostelería de UGT y CC OO, José García Relucio y Silvia Montejano respectivamente, lanzan ya una advertencia: el problema del exceso de cargas y ritmos de trabajo es tan evidente, especialmente en los hoteles de una a cuatro estrellas y en la restauración, que su medición para fijar límites va a provocar que muchos de estos negocios se vean obligados a incrementar sus plantillas, de ahí los obstáculos aplicados por la federación hotelera de Mallorca a la hora de determinar la fórmula para calcularla y el fracaso de la citada fundación a la hora de desarrollar ese objetivo.

Los dos representantes sindicales señalan que en los establecimientos de alojamiento de cuatro estrellas plus y cinco, la calidad del servicio que se debe de ofrecer hace que las plantillas estén bien dimensionadas (aunque Montejano subraya que también aquí hay problemas en invierno, cuando se reduce la cifra de empleados por la reducción de la actividad), pero que en los de una a cuatro, que son en la mayoría de los casos los que cierran en temporada baja, la pretensión de rentabilizar al máximo el negocio durante el verano hace que esa plantilla esté excesivamente ajustada, provocando excesos de jornada y el tener que renunciar en ocasiones a alguno de los días de descanso a cambio de posteriores compensaciones, con lo que eso supone de deterioro de la salud de estos trabajadores.

El documento que se ha negociado y que ha impulsado el conseller Iago Negueruela, en su disposición adicional primera, «insta al IBASSAL para que en el término de un año desde la entrada en vigor de la norma, y en el seno de una mesa de trabajo con los agentes sociales del sector, pueda estudiar medidas y buenas prácticas en materia de salud laboral, como las referidas a la ergonomía o cargas de trabajo de todos los departamentos».

Ese plazo permite que el sistema de medición de esas cargas se incorpore luego al convenio que debe de negociarse durante 2023 (al actual concluye el 31 de marzo), y ahí los dos sindicatos hacen una advertencia, al subrayar que en esa negociación este tema va a tener tanta trascendencia como el de la subida salarial.

García Relucio y Montejano subrayan que con la herramienta que surja del IBASSAL se determinará el número mínimo de trabajadores con que debe de contar cada establecimiento, y de ahí la advertencia que van a ser muchos los que se van a ver obligados sus plantillas para ajustarse a los criterios que se fijen desde el citado instituto balear de salud laboral.

La decisión del conseller de incorporar esta medida en la ley turística se explica porque cuando se firmó el último convenio colectivo de hostelería en 2017, se incluyó también un acuerdo adicional en el que Govern, federación hotelera de Mallorca, UGT y CC OO, como firmantes de ese documento, «manifiestan su preocupación porque la carga de trabajo adjudicada a los trabajadores del sector sea adecuada, y velaran para que aquella no suponga un riesgo para su salud». A ello se añadía que la Conselleria debía de poner los medios para realizar un estudio que debía de permitir «evaluar de forma más eficaz los efectos de las cargas de trabajo de forma que puedan realizar su labor de forma más lesiva y digna». Cuatro años después, este compromiso seguía sin cumplirse, según los sindicatos por la postura de bloqueo fijada por la patronal.

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