El expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer, el actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, y los exconsellers Sonia Cardona y Josep Mayans se enfrentan a una fianza de 8.027.999 euros por supuestos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos.
Así lo recoge el escrito del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza que dicta la apertura de juicio oral contra estos miembros de Gent per Formentera, y tras una denuncia interpuesta por el empresario Leo Stober y la empresa Sunway SL.
Según el escrito, el ministerio público reclama el sobreseimiento para Sonia Cardona y Josep Mayans al no haber quedado “acreditada su participación en los hechos”.
Los hechos referidos se remontan al 2005, cuando aún siendo Ayuntamiento de Formentera, se concedió una licencia urbanística para la construcción de unos locales comerciales en el núcleo de Sant Ferran y en una zona declarada Bien de Interés Cultural, recuerda el escrito del Ministerio Público.
Para la construcción de dichos locales se demolió la casa payesa de Ca ses Castellones.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) de 2009 obligó al Consell de Formentera a derribar el complejo comercial ubicado en la zona conocida como Ca Ses Castellones y a anular todos los permisos otorgados.
Aun así, la administración insular lo intentó evitar redelimitando el ámbito de los tres conjuntos históricos de Formentera y sus entornos de protección, con lo que el conjunto histórico de Sant Ferran ya no incluiría la zona comercial.
El escrito de la Fiscalía detalla que las actuaciones del procedimiento han estado paralizadas desde 2016 hasta 2017 hasta la designación definitiva de un perito, que se sumó al estancamiento provocado por el incendio registrado en el edificio judicial de Ibiza en 2010.
Ahora, la acusación particular solicita un “impulso procesal” de la causa "al haber acontecido también" la crisis de la covid-19, señala la Fiscalía.
En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada emplaza a los acusados a una audiencia para depositar la fianza y advierte que, en caso de no hacerlo, se les embargarán bienes por la cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
También declara al Juzgado de lo Penal competente para el conocimiento y fallo de la causa.
