El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del ministerio de Hacienda, ha paralizado durante tres meses la adjudicación por parte del Govern de nueve centros de salud de Mallorca, al haber aceptado a trámite el recurso interpuesto por la patronal PIMEM contra la decisión de la Conselleria de sacar a concurso en un solo lote la edificación de estas instalaciones. El argumento esgrimido por esta organización empresarial es que las condiciones fijadas para la licitación de las obras excluían a la práctica totalidad de las constructoras de la isla, dejando estos proyectos en manos de grandes grupos de la península.
Este órgano dependiente de la Administración central dispone ahora de un plazo de tres meses para determinar si la causa sigue adelante, tiempo durante el cual se paraliza la convocatoria de las mesas de contratación de estas obras, lo que afecta a los proyectos de los centros de salud de Bons Aires de Palma, Trencadors de s’Arenal de Llucmajor, Son Ferriol, Nuredduna de Artà, y Pollença, además de las unidades básicas de Santa Margalida, Consell, Montuïri y Sant Joan.
El primero en felicitarse por la admisión ha tramite ha sido el presidente de PIMEM, Jordi Mora, que durante la jornada de ayer insistió en el error de fondo cometido por la conselleria de Salud, al agrupar nueve instalaciones diferentes a la hora de adjudicar la edificación y mantenimiento de las mismas, sin una justificación adecuada para ello y sin atender a la directiva europea que pretende promover que las pequeñas empresas puedan acceder también a las concesiones por parte de la Administración.
El problema nace al decidir la conselleria de Salud sacar a concurso, mediante un contrato de concesión por diez años y por un valor de 86,4 millones de euros, la construcción de las nueve instalaciones antes señaladas, además de su conservación y mantenimiento durante ese periodo. Esa fórmula implica que son las empresas constructoras las que deben anticipar la mayor parte del presupuesto, que tardan una década en recuperar.
Además, para participar en este concurso, los candidatos deben de reportar una cifra de negocio superior a los 50 millones de euros en los últimos tres ejercicios, y que en los cinco años previos el aspirante haya sido el promotor de un edificio destinado a usos médicos con un presupuesto de al menos 15 millones de euros.
Estas condiciones fueron duramente criticadas por las patronales PIMEM y CAEB, al considerar ambas que las exigencias son inasumibles para las empresas de Baleares, lo que impedía que éstas pudieran beneficiarse de la ejecución de estos proyectos, con lo que eso supone de pérdida de actividad y de empleo para las islas. La diferencia es que la primera de estas organizaciones decidió presentar el citado recurso ante el ministerio de Hacienda, con la ayuda del economista y abogado de la patronal estatal CONPYMES, Jaume Pallerols.
Esta admisión a trámite del recurso no quiso ser valorada por la conselleria de Salud, que se escudó en que forma parte del procedimiento seguido en estos casos y que no impide que se puedan seguir recibiendo ofertas de las empresas interesadas en ejecutar las citadas obras, aunque sí admitió que durante esos tres meses se van a tener que aplazar las convocatorias de las mesas de contratación.
Sin embargo, Jordi Mora destacó que durante los últimos días ha mantenido reuniones con los responsables de la Conselleria para abordar este problema, tanto con la intención de que se modifique esta licitación como, especialmente, para no se vuelva a repetir en el futuro, con el fin de garantizar que las empresas locales puedan aspirar a la ejecución de estos proyectos.
También las presidentas de CAEB y de su asociación de constructores, Carmen Planas y Fanny Alba respectivamente, se han reunido con la consellera Patricia Gómez para proponerle que modifique la licitación de estos nueve centros de salud.
La primera alegó ayer que su patronal ha optado por no recurrir el citado concurso «porque no queremos retrasarlo, pero es imprescindible que haya más diálogo con las empresas».
En este sentido, Fanny Alba añadió que esta organización empresarial y su asociación de constructores «consideramos que se debería de haber optado por un contrato de obra por cada centro para garantizar que las pequeñas y medianas empresas del archipiélago tuvieran la ocasión de participar atendiendo a la libre concurrencia». «Aunque podemos entender las justificaciones por parte del Govern de agrupar los nueve centros en un solo lote por razones presupuestarias y para evitar que alguna licitación pudiera quedar desierta, se deben de barajar otras opciones y las empresas de Baleares están a disposición de la Conselleria para discutirlas», subrayó.
Finalmente, desde la formación política El Pi se aplaudió que el recurso de PIMEM haya sido admitido, y se recordó que ya denunciaron hace meses que esa licitación en un bloque de nueve proyectos era «un insulto para las empresas de Baleares», por lo que presentó una iniciativa en el Parlament contra estas prácticas que está pendiente de votación.
