El Govern tendrá que devolver el dinero de las multas cobradas durante el establecimiento de los cuatro decretos de 2020 que imponían restricciones por la pandemia y que el Tribunal Supremo (TS) decidió anular.
La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, declaró ayer que la decisión afecta a unos 1.800 expedientes abiertos. La sentencia que anuló estos cuatro decretos data del 26 de enero. El decreto 10/2020 fijaba restricciones de movilidad en horario nocturno, aperturas y cierres de comercios y servicios e iglesias. El 12/2020 ahondaba en dichas restricciones aplicables en este caso de forma específica a la isla de Ibiza. El 13/2020 prorroga lo establecido en el 10/2020. Por último, el decreto 17/2020 suponía una nueva prórroga del anterior.
La sentencia del Tribunal Supremo se remite al recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular, formulado mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona.
La consellera expresó que las devoluciones serán solo en aquellos casos en los que la administración autonómica lo haya cobrado y no se efectuará el cargo del resto de expedientes. Además, apuntó que se trata de una «nulidad sobrevenida» y que, por tanto, el Supremo no valora el fondo de la cuestión y no analiza si se restringieron derechos fundamentales de manera irregular.
El Govern defendió sus decisiones porque fueron «conforme a derecho durante todo el estado de alarma» y recordó que en comunidades lideradas por el PP también se impusieron restricciones. El diputado popular Juan Manuel Lafuente afirmó que el Ejecutivo autonómico ha creado «inseguridad jurídica» y rechazó el empleo de la fórmula del decreto ley por parte de los gobiernos balear y de España para legislar durante la crisis de la pandemia.
Asimismo, criticó a los socialistas por oponerse a la aprobación de una ley de pandemia que el PP planteaba para ofrecer cobertura legal a las restricciones que fueran necesarias.
El líder de Vox, Jorge Campos, reprendió a la presidenta y declaró que «esto es la puntilla, Armengol no puede seguir al frente del Govern; debe convocar elecciones anticipadas para que los ciudadanos decidan si quieren continuar con un gobierno comunista que pisotea sus derechos y libertades o si prefieren un cambio».
