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Diario de Mallorca

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45.000 funcionarios claman por un plus de residencia para poder vivir en unas islas «muy caras»

Equiparar el complemento de indemnización por residencia de Balears al que perciben los empleados públicos de Canarias supondría un desembolso de unos 43 millones más al año

Una de las concentraciones plataneras de la plataforma UNISEP frente al Consolat de la Mar, sede del Govern balear.

La equiparación del plus por residencia que perciben los funcionarios de Balears al de los trabajadores públicos de Canarias parece lejana, tan lejana como la distancia que separa estas islas de la capital de España.

Recientemente el Congreso de los Diputados ni siquiera tomó en consideración una Proposición no de Ley para esta equiparación. El mismo camino que una iniciativa similar que ni siquiera comenzó a tramitarse hace ahora dos años, en enero de 2020.

Víctor Villatoro, presidente del sindicato educativo ANPE, señala que este plus por residencia lo perciben alrededor de 45.000 empleados de Balears de los ámbitos educativos y sanitario, de las Fuerzas de Seguridad y de la Administración General del Estado.

«Un profesor de Secundaria cobra 93,76 euros mensuales por el plus de residencia en el caso de trabaje en Mallorca y de 103,81 si lo hace en cualquiera de las restantes islas. Por contra, ese mismo profesor cobraría en Canarias un complemento por residencia de 174,98 euros si trabajara en las dos islas mayores (Gran Canaria y Tenerife) y de 568,95 euros en cualquiera de las otras. La brecha es aún más amplia con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde la indemnización por residencia mensual asciende a 890,29 euros», detalla Villatoro.

En el ámbito sanitario, el agravio comparativo no es menor. Una enfermera percibe un plus de 74,65 euros en Mallorca y de 90,47 en las otras islas frente a los 143 de Las Palmas y Tenerife, los 409,65 del resto del archipiélago canario o los 662 de Ceuta y Melilla con los que aquí casi bastarían para pagarse el alquiler de la vivienda.

Villatoro, después de concentraciones «plataneras» así como protestas motorizadas, se muestra un tanto desesperanzado ante la escasa atención que les muestran los políticos de estas islas: Ni siquiera el REB contempla equiparar estos complementos para estos empleados públicos.

«Solo estamos pidiendo una actualización que no se toca desde el año 2007. Hace años este complemento se fijaba en función de la distancia a Madrid, pero la situación socioeconómica ha cambiado. El acceso a la vivienda en esta comunidad está más complicado que en Canarias, y el precio del combustible y de la cesta de la compra es más elevado», denuncia el presidente de ANPE.

Villatoro calcula que tomando como referencia el complemento de un maestro canario, cada uno de los 45.000 funcionarios en esta situación debería percibir unos 69 euros más al mes por este concepto, que supondrían un desembolso adicional de tres millones al mes y de unos 43 millones anuales contemplando las 14 pagas.

Este agravio salarial promueve la fuga de los empleados públicos. Un docente que debe cubrir una baja de corta duración en Eivissa no va, no le sale rentable. Y lo mismo ocurre con los que deben cambiar de domicilio en la misma isla. Esto ha provocado que alrededor de mil bajas en el ámbito educativo no hayan sido cubiertas, sobre todo las de corta duración, denuncian desde ANPE.

Tomás Quesada pertenece a la asociación Justicia a la Guardia Civil (JUCIL) toda vez que este cuerpo policial militar tiene prohibido formar un sindicato. Un número de la Guardia Civil desplazado en Mallorca o Eivissa y Menorca percibe, respectivamente, 74 y 82 euros de plus de residencia frente a los 126 y 354 euros que cobran sus compañeros en función de la isla canaria donde presten sus servicios, revela.

Esta desigualdad salarial hace que el servicio se resienta por la falta de agentes que quieran venir a Balears. «Ibiza es la que peor está, han tenido que realizar patrullas por el aeropuerto agentes de seguridad ciudadana. Lo que nos salva son los de la academia que vienen un año de prácticas. Lamentablemente, una vez completada la formación, 8 de cada diez se vuelven a sus lugares de origen por sus familias y porque económicamente no se pueden mantener aquí. Y hay agentes que si pueden elegir otro destino donde el dinero les alcance más, se van. Incluso gente que lleva entre 10 y 15 años aquí se está yendo. Es que no tenemos futuro, alegan», acaba el responsable de JUCIL.

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