La mayoría del Senado aprobó ayer miércoles de forma definitiva la reforma del Estatut de Autonomia de Balears para suprimir los aforamientos de sus diputados autonómicos y los miembros del Govern con el fin de que puedan ser juzgados por tribunales ordinarios y se elimine el privilegio de solo ser citados por tribunales superiores. De este modo, la norma entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este es el trámite definitivo de esta reforma que fue impulsada por el Parlament de Balears, a propuesta de Més per Menorca, en junio del año 2018. A principios de diciembre de 2021, el Congreso de los Diputados, por 322 votos a favor y ninguno en contra, ya procedió a dar el penúltimo paso para eliminar los privilegios judiciales a los políticos de Baleares, ya que la reforma del Estatut es una norma de rango constitucional.
El impulso de esta reforma en Baleares se debe a que las islas son una de las comunidades más afectadas por casos de corrupción, especialmente en la legislatura comprendida entre 2003 y 2007. Este fue uno de los principales argumentos esgrimidos por la Cámara Autonómica para enviar al Congreso la reforma.
Ayer el Senado dio el paso definitivo. 251 senadores dieron su apoyo a esta reforma estatutaria, que contó también con 12 abstenciones y ningún voto en contra.
El Congreso de los diputados tomó en consideración la reforma del Estatut para eliminar los aforamientos hace dos legislaturas, pero su tramitación quedó congelada como consecuencia de los procesos electorales de 2019 y fue hace unos meses cuando finalmente las Cortes volvieron a retomar esta tramitación, que acabó ayer de manera definitiva con la aprobación en la Cámara Alta. Durante el debate de ayer en el Senado tomaron la palabra senadores de Més per Mallorca, ERC, Ciudadanos, PP y PSOE.
Esta reforma del Estatut balear, que afectará a 59 diputados del Parlamento y a los miembros del Govern de les Illes Balears, no es la única, sin embargo, que ha pasado por el Congreso en los últimos tiempos. Canarias, Murcia, Cantabria y La Rioja también modificaron sus respectivos textos estatutarios para acabar con los aforamientos políticos.
El debate sobre acabar con el aforamiento de los políticos cobró protagonismo cuando en 2018 el Gobierno anunció que iba a estudiar una reforma constitucional para eliminar esta protección, pero la idea no llegó a traducirse en una propuesta.
Cosme Bonet y Vicenç Vidal
El senador socialista por Mallorca, Cosme Bonet, mostró su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa y subrayó que «esta reforma sigue con la agenda de regeneración democrática impulsada desde 2015 por la presidenta del Govern, Francina Armengol». «Es un proceso que no podemos analizar al margen de los casos de corrupción que han azotado a Baleares», añadió Bonet. El senador socialista lamentó las consecuencias: «Desde los casos del Túnel de Sóller o Calvià, con el presidente Cañellas, hasta los gobiernos de Jaume Matas, que han llenado de vergüenza las páginas de la historia de Baleares, han llevado a la ciudadanía a desconfiar de la política, de los políticos».
Por su parte, el senador autonómico de Més, Vicenç Vidal, recordó que los aforos «han sido el principal engranaje de la corrupción en el sistema autonómico del Régimen del 78 en el Estado Español». Un engranaje que ha hecho posible «la ‘comisionopolis’ y una Sicilia sense morts -haciendo referencia a la célebre novela de Guillem Frontera- que ha tenido en los períodos de Gabriel Cañellas o Jaume Matas y en casos como el Túnel de Sóller y Palma Arena un triste desarrollo». Vidal emplazó a PP y PSOE a que exista «el mismo consenso» a la hora de impulsar reformas «para conseguir un mayor autogobierno para Baleares».
