Conseguir el «gran consenso» para la nueva ley de educación de Balears no será fácil y hará falta una negociación larga. El conseller de Educación, Martí March, cuestionó ayer la posición del Partido Popular al afirmar que la cuestión clave es si «ustedes quieren adherirse al pacto de consenso lingüístico que se está trabajando y dialogando en el Parlament, pero ¿están ustedes de acuerdo con el modelo lingüístico que ha tenido Baleares desde hace más de 20 años, que ha sido un modelo consensuado, de éxito y tranquilidad?».
El conseller explicó que esta ley se fundamenta en la inmersión lingüística y el decreto de mínimos y planteó, como ya había hecho antes, varias preguntas para tratar de encontrar la posición concreta de los populares: ¿Están de acuerdo en que el catalán sea, como mínimo, el 50% del horario lectivo? ¿Que sean los propios centros educativos quienes hagan sus proyectos lingüísticos en función de sus contextos y con el apoyo de la inspección educativa? ¿Están a favor de la normalización de nuestra lengua? Seguidamente, acusó al PP de querer utilizar la lengua como un «elemento de confrontación» cuando la ley de educación «no es una ley de lenguas, y queremos consenso porque la situación del catalán es delicada y debe ser clave para el proceso de normalización lingüística. Sin las escuelas la situación del catalán sería lamentable».
La diputada del PP, Marga Duran, recordó que han presentado 171 enmiendas (unas 70 han sido aprobadas) y dijo «apreciar» la predisposición demostrada desde la Conselleria para llegar a determinados consensos: «En cuanto a los temas lingüísticos, gracias a nuestro trabajo queda recogido en la ley que tanto el castellano como el catalán tendrán el carácter de lenguas vehiculares, el uso de las modalidades insulares y la supresión del punto que permitía la implementación de estrategias educativas de inmersión lingüística. Aun así queda camino para garantizar los derechos lingüísticos de los niños de las islas».
En este sentido, sacó a colación las sentencias del tribunal superior de justicia de Cataluña en las que se exigía que las lenguas vehiculares debían tener un mínimo del 25% de la enseñanza: «Se basa en los principios de la Constitución. La nueva ley marca un mínimo para el catalán pero no para el castellano. Queremos que los estudiantes de Balears, cuando salgan del colegio, sepan catalán y castellano. Pedimos equilibrio. La confrontación la busca usted. No apueste por la radicalidad».
La postura de los populares no gustó al conseller de Educación, que volvió a plantear, igual que había hecho en su primera intervención, una cuestión fundamental en la que no hay un acercamiento aparente : «¿Usted duda de que haya algún alumno de Balears que no sepa castellano?».
Reivindicó la mejoría de la educación en las islas al decir que «todos los indicadores educativos que tenemos van mejorando, incluso en los temas de competencias lingüísticas del castellano y el catalán», por lo que reclamó al PP que «no cuestionen» el conocimiento que tienen los alumnos porque ha sido un modelo de éxito: «El catalán en Balears necesita el apoyo de todo el mundo».
Hay que recordar que el Pacto, por exigencias de Més per Mallorca y Més per Menorca, blindó hace unas semanas el decreto de mínimos y la autonomía de los centros a realizar su programa de lenguas, para garantizar la continuidad de la inmersión lingüística en la enseñanza de las islas.
