Podemos y Més per Mallorca han comenzado el curso político con la intención de aprovechar este último año de legislatura antes de las elecciones de 2023. Ambos grupos parlamentarios registraron ayer en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) en la que instan al Gobierno central a revisar de oficio el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015 y emitir un pronunciamiento sobre su titularidad.
En la propuesta se detalla que las inmatriculaciones de la Iglesia católica son una «cuestión de Estado» que requiere una solución global ya que se trata de un hecho de «extraordinaria complejidad». De esta forma, piden que se traslade al Congreso y a los parlamentos autonómicos el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica desde 1946 hasta 2015 al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, además de hacerlo público.
La raíz de este desorden jurídico, explican, es que se encuentra en el limbo jurídico en el que quedó, después de la Constitución española, el patrimonio que la Iglesia católica se atribuye, «consecuencia de la combinación perversa de unas leyes que no tendrían que haber existido y otras que todavía no existen».
En este sentido, las formaciones hacen hincapié en lo siguiente: «Las primeras parten especialmente de dos normas franquistas (los ya derogadosartículos 206 LH y 304 RH), que afectan de nulidad a todas las inmatriculaciones practicadas a su amparo, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución, por inconstitucionalidad sobrevenida y para contravenir la doctrina vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)».
Esta iniciativa fue defendida por los portavoces de los partidos, Josep Ferrà y Esperança Sans. En sus intervenciones explicaron que las inmatriculaciones de la Iglesia Católica son «una cuestión de Estado que precisan de una solución global» porque, según Ferrà, «la raíz de este desorden jurídico se encuentra en el limbo jurídico en que quedó después de la Constitución española el patrimonio que la Iglesia católica se atribuye, consecuencia de la combinación perversa de unas leyes que no tendrían que haber existido y otras que todavía no existen».
Asimismo, el portavoz de Més expresó que existe la «necesidad» de que sea la Administración pública y no la Iglesia católica quien se encargue de revisar este listado de bienes inmatriculados.
En este sentido, recordó que se han publicado diferentes informes que apuntan que la cifra de estos bienes desde el año 1946 podría superar incluso los 100.000.
La diputada de Unidas Podemos, Esperança Sans, añadió que el acuerdo de Pedro Sánchez con la Conferencia Episcopal es «insuficiente» porque actualmente hay «miles de inmuebles inmatriculados que han quedado fuera de este acuerdo».
«La Iglesia no puede ser juez y parte, y no puede decidir ella misma qué bienes son de su propiedad y cuáles no. Por eso creemos que tiene que ser el Estado quien compruebe estos bienes, con un listado transparente que tiene que ser público para la ciudadanía», matizó.
