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Diario de Mallorca

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Los acuerdos en juntas de vecinos telemáticas pueden ser impugnados desde el 1 de enero

Atasco en las comunidades por no poder renovar cargos y aprobar cuentas

Administradores de fincas de las islas en una charla el pasado noviembre.

Los administradores de fincas de las islas advierten de que las decisiones que se están tomando en juntas de vecinos telemáticas desde el pasado 1 de enero pueden ser impugnables. Y reclaman al Gobierno central una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar la exigencia de que estas reuniones sean presenciales, requisito incompatible con sucesivas olas pandémicas.

El año pasado el Gobierno aprobó un Real Decreto para permitir de manera excepcional que los vecinos celebraran juntas por vía telemática y evitar que se convirtieran en focos de contagio. Aquella salvedad estuvo en vigor hasta el pasado 31 de diciembre y el Ejecutivo no la ha prorrogado por lo que, sobre el papel, los acuerdos entre propietarios tienen que tomarse presencialmente para que sean válidos.

«La Ley de Propiedad Horizontal dice que las juntas tienen que ser presenciales pese al problema que tenemos con la sexta ola. Nuestro Consejo General ha pedido al Gobierno que la modifique para permitir las juntas telemáticas siempre y eliminar el requisito de la presencialidad. Es evidente que no se pueden reunir quince o veinte personas porque supone un riesgo, pero hay comunidades con cuestiones urgentes que resolver y no pueden hacerlo», advierte Toni Jaume, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Balears (CAFBAL).

Unanimidad necesaria

Este profesional precisa que las comunidades pueden formalizar acuerdos en reuniones por videoconferencia mientras haya unanimidad. El problema es que si un solo propietario expresa su desacuerdo con algún punto del orden del día, lo podrá impugnar fácilmente alegando que la reunión no era presencial y, por tanto, inocua.

El tiempo corre en contra de muchas fincas. «El Real Decreto aprobado el año pasado prorrogaba hasta el 31 de diciembre los cargos y las cuentas de las comunidades. Pero a día de hoy están caducados y se deben renovar en juntas que no pueden celebrarse de manera presencial por los contagios. Es un problema serio porque nos consta que hay entidades bancarias que ya han bloqueado la cuenta de la comunidad al considerar que su administrador no es un cargo legítimo», subraya Jaume.

Una hipotética modificación de la ley para dar cabida a las juntas telemáticas no excluiría las presenciales ya que una parte de los vecinos, especialmente los de más edad, podrían tener problemas para manejarse con Internet. «Se buscaría una fórmula mixta que permitiera que los propietarios de más edad estuvieran presentes y el resto siguieran la reunión telemáticamente. Ya se ha hecho así en muchas comunidades desde que empezó la pandemia. En esos casos el administrador certifica la votación y al final minimizas riesgos porque como mucho se han juntado físicamente dos o tres personas», explica el presidente de CAFBAL.

Jaume insiste en la necesidad de que haya un cambio de la Ley de Propiedad Horizontal impulsado desde el Gobierno central que despeje el problema en todas las comunidades autónomas —a excepción de Cataluña, que cuenta con su propia regulación en esta materia—. «Es un planteamiento de sentido común y cuando lo hemos presentado a los partidos todos te dicen que es muy razonable. Pero en la práctica no se da ningún paso», manifiesta.

Sin margen de actuación

Jaume lamenta que los profesionales no hayan sido escuchados, y advierte de que el «vacío legal» existente a día de hoy va a empezar a provocar problemas serios en las comunidades de propietarios si no pueden aprobar cuentas o renovar cargos que, en algunos casos, llevan prorrogados desde el inicio de la crisis sanitaria.

A día de hoy los propietarios tienen un margen de actuación muy reducido y, salvo que se reúnan de manera presencial desafiando una incidencia de contagios disparada por culpa de la sexta ola, con el actual marco legislativo no podrán aprobar reparaciones en espacios comunitarios, contratar un seguro o denunciar a un vecino moroso.

La pandemia ha alterado la rutina de las comunidades de vecinos y de los propios administradores de fincas, que han validado juntas en terrazas y espacios al aire libre para mitigar el riesgo de contagios. La parálisis total o parcial de muchas fincas por las restricciones de aforos ha provocado un considerable atasco que va a ir a más.

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