La presentación de la futura Ley General Turística que el pasado lunes se celebró en Madrid bajo la imagen del consenso se salvó por los pelos. Hasta el último minuto la federación hotelera de Mallorca mantuvo un rechazo al citado documento al no estar conforme con los plazos y la inversión que se iba a asignar para sustituir las camas en todos los establecimientos por otras elevables con el fin de facilitar el trabajo de las camareras de piso, y algunas fuentes apuntan incluso que sobre la mesa estuvo la amenaza de no acudir finalmente a la citada presentación que estuvo presidida por Francina Armengol. El acuerdo, se subraya, no se obtuvo hasta la tarde del viernes anterior.
Como se ha indicado, el principal escollo apareció ante la previsión en la nueva normativa de instalar en los establecimientos de alojamiento unas nuevas camas ergonómicas destinadas a hacer menos penosa la labor de las citadas trabajadoras. En un primer momento, el Govern pretendía que el cambio se realizara en un plazo de cinco años, pero finalmente los hoteleros consiguieron obtener 12 meses más de margen, situando ese tiempo límite en los seis años, una vez obtenido también el visto bueno de las organizaciones sindicales.
Sobre este punto, se insiste en la lucha de la patronal hotelera para elevar las ayudas públicas destinadas a financiar este cambio.
Según fuentes de la negociación, las tensiones en torno a la misma fueron especialmente intensas durante el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, hasta el cierre del acuerdo. Aunque se había invitado desde el primer momento a las máximas responsables de la federación hotelera mallorquina y éstas habían confirmado su presencia en el Museo Reina Sofía, algunos de los participantes en estas conversaciones con el Ejecutivo balear (hoteleros y sindicatos no hablaron entre ellos de forma oficial) aseguran que durante esos pocos días la patronal llegó incluso a poner sobre la mesa la amenaza de no asistir al acto, lo que habría supuesto romper la imagen de unidad que desde el Ejecutivo autonómico se pretendía dar al mismo. Otras fuentes, por contra, niegan que llegara a plantearse este boicot.
Por lo que respecta a las ayudas, cifradas ahora en 55 millones de euros, se señala que en un primer momento la cantidad que se había barajado era inferior.
Desde las organizaciones sindicales se pone en valor que las mejoras previstas en la futura Ley no contemplen mejoras en las condiciones de trabajo del sector hotelero, sino que éstas alcancen también a la restauración, dado que se fijan igualmente actuaciones contra el estrés térmico (temperaturas más moderadas para evitar el exceso de calor en las cocinas), o que se vaya a incluir en una disposición adicional en la que se fijará que el Instituto Balear de Seguridad y Salud laboral (IBASSAL) elaborará la herramienta destinada a medir las cargas de trabajo en el sector.
Este ultimo punto se considera clave tras el fracaso a la hora de intentar negociarlo entre hoteleros y sindicatos, ya que después se pretende incorporar al convenio colectivo del sector que se tiene que negociar en 2023.
Hay un aspecto que preocupa a UGT y CC OO y es que tras la firma del convenio anterior que fijo una subida salarial del 17% en cuatro años y que fue promovido por las grandes cadenas hoteleras, la federación empresarial mallorquina quedó en manos de las pequeñas y medianas empresas del sector, y desde entonces las relaciones se han tornado mucho más difíciles, con María Frontera en la presidencia y María José Aguiló como vicepresidenta ejecutiva.
Por ello, se hace un vaticinio: para firmar un nuevo convenio colectivo en la hostelería balear durante el próximo año, va a ser necesario llegar, al menos, a la convocatoria de una huelga.
