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Diario de Mallorca

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El Govern cree positivo que el CGPJ pida otro informe sobre la Ley de Vivienda estatal

El Ejecutivo balear no cree que haya invasión de competencias pero resta importancia al retraso al prorrogarse la protección social

Eduardo Robsy, director general de Vivienda. | M. MIELNIEZUK

El Govern balear considera que la Ley de Vivienda que prepara el Ejecutivo estatal no conlleva una invasión de sus competencias autonómicas, como ha alegado el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en su decisión de pedir un nuevo informe sobre ella y retrasar su tramitación, aunque se añade que esta última medida va a reforzar jurídicamente dicha normativa ante un posible recurso de inconstitucionalidad por parte de los partidos de la oposición, según indicó ayer el director general del ramo, Eduardo Robsy.

El representante de la conselleria de Vivienda no ocultó que hay aspectos del citado anteproyecto que generaban una cierta preocupación en su departamento, pero no vinculados a la citada invasión de competencias, sino en cuestiones que podrían generar problemas prácticos dado que cada autonomía ha legislado de forma diferente en esta materia y, por ejemplo, ha aplicado definiciones distintas en conceptos como el de vivienda desocupada.

Pero al mismo tiempo, recordó que el Estado es el que tiene las competencias en materia de alquileres (a través de la ley de Arrendamientos Urbanos) o de Derecho Procesal, por lo que en ese aspecto no había nada que cuestionar. En cualquier caso, y aunque la política de vivienda sí corresponde a cada autonomía, Robsy señaló también que, por ejemplo, no se imponían límites en los precios en las zonas tensionadas, ya que cada comunidad podía decidir que lugares incluirá en esa lista.

El director general de la Vivienda en las islas subrayó que la decisión del CGPJ de pedir un nuevo informe sobre el anteproyecto de ley a otros dos vocales, tras invalidar el primero, generará un retraso en su tramitación de unas tres semanas, que en su opinión se pueden recuperar durante la tramitación parlamentaria.

Pero además, insistió, esa demora no supone ningún problema debido a que el Gobierno central ha anunciado que mantendrá la actual protección social a las familias sin recursos hasta que la nueva legislación entre en vigor.

De este modo, no se podrá ejecutar ningún desahucio si un juez confirma la situación de vulnerabilidad de la persona afectada tanto en los casos de impago de alquiler como de ocupación, y además los alquileres se podrá prorrogar durante seis meses.

Además, añadió que el nuevo informe que los vocales del Consejo General José Antonio Ballestero y Enrique Lucas van a realizar puede servir precisamente para dar mayor solidez a la nueva legislación que se quiere impulsar desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En ese aspecto, Robsy puso de relieve que hay partidos que ya han advertido su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley, y en este punto consideró que si finalmente se adapta a lo que fije el CGPJ, su solidez ante el Tribunal Constitucional será muy superior.

Como se recordará, el informe que el Consejo General del Poder Judicial tenía previsto aprobar la semana pasada sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, y que validaba en términos generales los planes del Gobierno para intervenir el mercado del alquiler, finalmente no tuvo el visto bueno de este órgano.

Tras un intenso debate sobre su contenido, el Pleno del CGPJ acordó por 15 votos a 6, rechazar el documento del vocal y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta y designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. El nuevo texto se debatirá en el Pleno del próximo día 27 de enero. La mayoría de los vocales no compartieron la conclusión del informe sobre el título competencial.

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