El Grupo Ornitológico Balear (GOB) ha reclamado en el Senado que la condición de insularidad sea entendida como una oportunidad para "la transición ecosocial y de adaptación del modelo económico a los retos de futuro como la crisis climática, la crisis energética o la crisis de las materias primas".

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, intervino este jueves en la Cámara alta en la Ponencia de Estudio de la Insularidad constituida en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico y argumentó que el contexto insular permite tomar conciencia de los límites que se deben asumir "para reorientar la economía de un territorio marcado por la especialización turística hacia la transición ecosocial".

Según expuso Ramis, la economía de las Islas se ha basado en la triada 'turismo-construcción-especulación' y lo ha hecho obviando que la especialización turística se ha hecho consumiendo unos recursos limitados, con sobrecostes y degradación ambiental, territorial y social.

Tampoco se han asumido, añadió, la vulnerabilidad de los contextos insulares que el modelo de las economías del norte está provocando y que se irán sucediendo y solapando.

En su intervención, la portavoz de la entidad ecologista propuso un plan para iniciar el camino hacia la transición ecosocial en los contextos insulares.

Este plan, según la exposición de Ramis, debería contar con el compromiso institucional con la transformación del concepto de insularidad que, a su juicio, debe entenderse como el principio que debe definir la reinvención de la realidad de los territorios afectados.

Es decir, la insularidad como sinónimo de autonomía, autosuficiencia y adaptación, porque a partir de los recursos disponibles y de la garantía de un medio ambiente sano se pueden generar nuevas formas de organización.

Por otra parte, el plan debería derivar en un debate social y político en relación a las realidades insulares y, en el caso de Baleares, en relación a la especialización turística para poder ir "sembrando la semilla del cambio social".

Ramis, igualmente, reclamó una estrategia de bioseguridad, la gestión de los recursos marinos propios, políticas de seguridad y soberanía alimentaria, el decrecimiento de las infraestructuras turísticas, frenar la emergencia habitacional, así como autonomía en gestión de puertos y aeropuertos.