Enero es el mes de más trabajo para los asesores fiscales, al sumarse el cierre de un trimestre con el de un año y multiplicarse los trámites a realizar ante la Administración, como la presentación de las retenciones realizadas a los trabajadores en relación al impuesto de la Renta o el balance del IVA, con plazos que concluyen los próximos días 20 y 30. Pero en esta ocasión esta concentración de actividad se está convirtiendo en un infierno para el sector debido al cúmulo de bajas provocadas por la nueva variante de la covid.
El delegado de la asociación profesional de técnicos tributarios de Balears y Cataluña, Víctor Adler, señala que para algunos pequeños despachos se ha llegado al punto de tener a la mayor parte de su plantilla en cuarentena, y advierte de que cualquier demora a la hora de presentar la documentación requerida puede suponer recargos el 5% al 20% para sus clientes. Por ello, se suma a las voces que en el conjunto de España están pidiendo un aplazamiento para la presentación de todos estos balances, como mínimo trasladando las obligaciones que deben cumplirse antes del día 20 de este mes al 30.
Adler subraya además que el colectivo al que representa no es el único que está padeciendo esta situación generada por la enorme virulencia en los contagios de la variante ómicron, y apunta que un problema similar aparece con los graduados sociales en sus relaciones con la Seguridad Social o con cualquier colectivo profesional que tenga una fuerte relación con la Administración.
Al tratarse de una situación absolutamente excepcional, generada por una sexta ola de la covid que ha provocado una avalancha de bajas laborales, el delegado de la citada asociación profesional defiende que desde el Gobierno deberían de adoptarse medidas igualmente excepcionales, como el citado aplazamiento en la fecha límite para cumplir las citadas obligaciones.
Añade que el problema es doble. No se trata solo de que los despachos de los técnicos tributarios estén saturados de trabajo debido a la cantidad de empleados que se encuentran de baja y con una estimación de que la punta de esta sexta ola todavía no se ha alcanzado, sino que ese mismo problema lo tienen las empresas a las que prestan sus servicios, con responsables de su contabilidad también de baja, por lo que no pueden remitir la documentación necesaria.
Víctor Adler señala que la semana pasada mantuvo una reunión con el delegado de la Agencia Tributaria en las islas, Arnau Cañellas, para abordar este problema, e indica que aunque encontró comprensión por parte de éste, una medida como ese aplazamiento solo puede adoptarse desde Madrid, lo que explica que desde la federación estatal que agrupa a este colectivo se estén manteniendo contactos con el ministerio de Hacienda para conseguir al menos unos días de margen para poder presentar toda la documentación requerida.
