La Audiencia Nacional ha rechazado proporcionar asilo a un joven estudiante de Nicaragua, que se refugió en Mallorca después de denunciar que como opositor al Gobierno venía sufriendo represalias políticas. Los jueces, si bien no ponen en duda su condición de opositor político, sí cuestionan que esté en peligro si regresa a su país. De hecho, tendrá que volver en breve porque no se le ha concedido la residencia legal en España.
El joven llegó a la isla de Mallorca en el año 2018, acudió a la comisaría de Policía para presentar una solicitud de asilo. Explicó que en su país era estudiante de ingeniería industrial en la universidad pública. Cursaba los últimos cursos de la carrera. En esas fechas se organizaron una serie de protestas estudiantiles en la propia universidad. En la manifestación, según su versión, aparecieron individuos simpatizantes del gobierno de Nicaragua, que empezaron a lanzar piedras contra la multitud, sin que la Policía hiciera nada para detenerles.
Al día siguiente hubo otra concentración, pero esta vez la Policía dispersó a los manifestantes, mediante lanzamiento de botes de humo y pelotas de goma. El incidente ocasionó varios heridos. El joven prestó su casa como depósito de víveres de los manifestantes opositores al Gobierno y por ello fue fichado por la Policía. Esta situación fue empeorando, según su relato, y empezó a recibir amenazas de muerte. No fueron mensajes directos, sino a través de sus familiares. Fue tan elevado el clima de tensión por su condición de opositor político que decidió huir de su país y buscó otro refugió. Eligió Mallorca como lugar para empezar una nueva vida.
El tribunal recuerda que la condición de refugiado se reconoce a toda persona que está en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o que pertenece a un determinado grupo social. Pero para que un Estado reconozca esta condición de refugiado el solicitante debe demostrar que existe un peligro real contra su persona, ya que muchas veces los extranjeros pueden aprovechar estas solicitudes para poder residir legalmente en un país extranjero.
Analizando el caso concreto de este joven estudiante de Nicaragua, el tribunal de la Audiencia Nacional interpreta que su relato es insuficiente para demostrar que está sufriendo las consecuencias de una persecución política. No entiende el tribunal que pueda hablar de que está fichado por la Policía y que su familia ha recibido amenazas de muerte, pero jamás ha sido detenido.
Otro detalle que no alcanzan a entender los jueces es el tiempo que dejó pasar el joven para solicitar dicho asilo político. Está comprobado que llegó a Mallorca el día 23 de agosto del año 2018, pero no tramitó la solicitud de protección política hasta el día 14 de noviembre, que fue el día en el que acudió a la comisaría de política. Fue el propio estudiante de Nicaragua el que aclaró en su declaración que al llegar a la isla se había instalado en el domicilio de un amiga de su madre y que en la actualidad reside en la localidad de Pollença, donde se siente integrado.
La falta de pruebas ha llevado al tribunal a cuestionar que esta persecución política existiera, aunque no niega su condición de opositor al gobierno. Por ello se le deniega el asilo.
