El nuevo sistema de financiación autonómico debe tener en cuenta la población flotante y lo que supone para los servicios públicos los turistas que visitan las islas, así como el coste más elevado de vivir en Baleares. Este es un principio casi irrenunciable para el Govern a la hora de abordar con el Estado y el resto de comunidades autónomas el nuevo sistema de financiación. La propuesta estatal que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho llegar a las comunidades tiene en cuenta lo que se denomina la población ajustada, que son los residentes empadronados, sin contar turistas y extranjeros que tienen una segunda residencia en las islas.
La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, inició ayer una ronda de negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios de las islas con la finalidad de elaborar una propuesta de alegaciones conjunta a la propuesta de Madrid. Ayer le tocó el turno a Ciudadanos y El Pi.
Tras los encuentros, la consellera Sánchez recordó que el criterio de población ajustada es uno de los elementos del modelo de financiación, el cual tiene en cuenta la población empadronada y otras circunstancias geográficas, sociales o territoriales, a través de diversas variables poblacionales y otras variables correctoras. «Con la población ajustada se pretende aproximar un cálculo de las necesidades de gasto de las competencias que prestan las comunidades autónomas», según Sánchez.
Sin embargo, la titular de Hacienda del Govern reiteró que «también se tendrán que abordar próximamente otras cuestiones relevantes para el futuro modelo de financiación, y que Balears defiende que se debe avanzar hacia un sistema más relacionado con la capacidad tributaria de las comunidades y que supere el debate de las necesidades de gasto, que fomente una mayor transparencia del modelo y permita a las comunidades autónomas asumir una mayor responsabilidad fiscal y tributaria sin renunciar a la solidaridad entre territorios del Estado». Este es el caso del llamado principio de ordinalidad, de que quien más aporta al Estado más recibe, que la presidenta del Govern, Francina Armengol, ya anunció en el Parlament que reivindicarían.
Asimismo, la consellera de Hacienda mantuvo que se deberá hacer un «cálculo de lo que supone los millones de turistas que cada año visitan las islas y sus efectos sobre los servicios públicos» como la sanidad, el consumo energético o de agua, entre otros.
Insularidad
De igual modo, Rosario Sánchez explicó que la propuesta del Ministerio de Hacienda mantiene la variable asociada a la insularidad para las islas, si bien el Govern defiende que se debe profundizar en este y otros aspectos de la financiación autonómica. En este sentido defendió que se avance en la valoración de los sobrecostes de los servicios públicos derivados de la insularidad, para que esta variable tenga mayor peso, y otros, como la incorporación del efecto directo de la población flotante (turistas, trabajadores de temporada y personas con segundas residencias).
El Pi: concierto económico
El diputado de El Pi Josep Melià, tras el encuentro con Sánchez, aseguró que la apuesta de su formación es el concierto económico, tal y como tienen comunidades como el País Vasco o Navarra. «Mediante el concierto la Comunidad recaudaría los impuestos generales y después transferiría una parte al Estado para los gastos comunes».
El Pi también es partidario de introducir otras variables como la sobrepoblación, la población flotante y el índice de precios regionales. Los regionalistas pedirán la comparecencia de la consellera Sánchez en el Parlament.
