Los tres tribunales civiles con los que cuenta la Audiencia de Balears no van a resolver, hasta nueva fecha, las demandas presentadas por la compra de acciones del Banco Popular. Así se acordó en una junta que se celebró esta semana a propuesta del presidente de la Audiencia, Diego Gómez Reino. La razón es que se está a la espera de que el tribunal de justicia de la Unión Europea resuelva una cuestión prejudicial, que fue planteada por un juez de Galicia. Esta petición al tribunal europeo ha motivado que el Tribunal Supremo haya decidido aplazar todas las demandas de apelación que tiene pendiente de resolver. Además, la mayoría de Audiencias Provinciales han seguido el mismo criterio que ha marcado el Tribunal Supremo.
A esta reunión acudieron nueve magistrados de la Audiencia, que expresaron sus puntos de vista sobre esta situación derivada de los conflictos judiciales que ha arrastrado la polémica compra de acciones del Banco Popular.
Así, el juez Mateo Ramón, presidente de la Sección Quinta, no era partidario de suspender los procesos ante la presentación de cuestiones prejudiciales en el tribunal europeo. Frente a este criterio discreparon otros magistrados, como por ejemplo Álvaro Artola, que consideró prudente dejar pendientes de resolver estas demandas hasta conocer la interpretación de Europa. Al final se adoptó este último criterio.
