El Consell de Govern aprobó ayer el decreto de la huella de carbono, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022, con el fin de involucrar a medianas y grandes empresas en la lucha contra el cambio climático.
El portavoz autonómico, Iago Negueruela, detalló en una rueda de prensa tras el Consell de Govern que con este decreto se identifica a los principales emisores y se hace a estas entidades responsables de la lucha con planes de reducción de emisiones y compensación por su huella.
Negueruela precisó que se pretende garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de la Ley 10/2019, de cambio climático y transición energética.
Así, las organizaciones sujetas al alcance del Decreto deben calcular y verificar las emisiones difusas de sus instalaciones por intervalos temporales de tres años, así como aportar los planes de reducción de sus emisiones difusas para cumplir los objetivos de mitigación del cambio climático en el territorio de las islas.
Durante el primer año, el cálculo de las emisiones difusas debe ser verificado por un organismo verificador externo, mientras que en los años segundo y tercero los datos de las emisiones se devengarán sin verificación externa mediante un informe de huella de carbono validado por una declaración responsable de la organización.
Inscripción voluntaria
Por último, el cuarto año, el cálculo y la acreditación de la procedencia de las emisiones difusas conllevarán una nueva verificación externa tanto de la huella de carbono del año que debe inscribirse como de la de los dos años anteriores no verificados, y así se procederá sucesivamente con la inscripción de la huella de carbono cada tres años, explicó Negueruela.
La inscripción de la huella de carbono será obligatoria para las grandes y medianas empresas que desarrollen su actividad en la comunidad de forma total o parcial, la administración pública de las islas y el sector público instrumental.
Para el resto del tejido empresarial y la ciudadanía, la inscripción será voluntaria, lo que permitirá al Govern disponer de una información precisa sobre las emisiones difusas que existen en las islas.
El ejecutivo también pretende así iniciar los mecanismos necesarios para su reducción a través de planes y de la elaboración de unos presupuestos de carbono que permitirán establecer compromisos de reducción por sectores de actividad y por islas.
El vicepresidente del Govern y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, indicó que «hace algunos meses se hizo la declaración de emergencia climática en Balears, dada la necesidad de establecer políticas reales y eficaces capaces de minimizar el cambio climático sobre la base del Acuerdo de París, que establece, entre otros objetivos, limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 1,5 °C y haber descarbonizado la economía a mediados del siglo XXI».
Por ello, dijo, «urge una reducción rápida y significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, que se impulsará gracias a este Decreto».
