La dirección general de Recursos Hídricos ha puesto marcha una campaña de análisis del agua en los pozos situados en el entorno del vertedero clausurado de Son Reus en cumplimiento de la orden dictada hace cuatro meses por el juzgado de Palma que investiga la contaminación del acuífero con metales pesados.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, la semana pasada se inició una campaña de muestreo en medio centenar de pozos que extraen agua del acuífero de Son Reus, sobre el que se asientan los 4,7 millones de toneladas de residuos que se acumularon en el vertedero desde 1975 hasta su clausura en 2008.

Recursos Hídricos prevé concluir la toma de muestras antes de que finalice el año y, una vez disponga de los resultados y los facilite al juzgado de instrucción 12 de Palma, programará una segunda fase de análisis de los elementos contaminantes de las reservas del acuífero.

Las mismas fuentes, que no han facilitado detalles sobre la campaña de recogida de datos en los pozos porque se trata de un proceso judicializado, han asegurado que el Govern realiza esta actuación con recursos propios.

El pasado 9 de agosto, la jueza Ana Pérez Carrillo dictó un auto en el que urgía a la Conselleria de Medio Ambiente, al Consell Insular de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma a adoptar las medidas necesarias para evitar que los fluidos procedentes de los residuos del viejo vertedero (lixiviados) continúen contaminando el agua subterránea.

Además, les instaba a "realizar un catálogo actualizado de los pozos en el acuífero de Son Reus, determinar el uso de cada uno y analizar el agua que se utilice para consumo humano, de forma que permita concretar las medidas a tomar en cada captación".

A raíz de la resolución judicial, el Consell de Mallorca informó al juzgado de su falta de competencias frente a este problema, el Ayuntamiento de Palma defendió que la orden no le afectaba porque ya tomaba todas las medidas necesarias para evitar la contaminación y Medio Ambiente anunció que ampliaría la toma de muestras para comprobar en qué medida está contaminado el acuífero.

El proceso judicial se abrió a partir de un informe encargado por Emaya, la empresa pública de Palma titular del vertedero clausurado y responsable de su mantenimiento, al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que estableció que el agua subterránea presentaba concentraciones por encima del nivel legal de aluminio, arsénico, cadmio, bario, cobre, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo y zinc.

Esta contaminación, constante en algunas sustancias casos y puntual en otras, se descubrió en análisis realizados durante cinco años (2015-2019) en 36 pozos perforados en distintos puntos de los 55 kilómetros cuadrados bajo los que se ubica el acuífero.

Emaya, a través de su presidente, Ramon Perpinyà, ha negado públicamente la validez de los resultados del estudio encargado y pagado por su empresa, y recientemente aseguró que el vertedero clausurado es uno de los depósitos de basura "mejor mantenidos del Estado español" y descalificó la idea de desmantelarlo.

La jueza que instruye el caso por posibles delitos contra el medio ambiente, con el respaldo de la Fiscalía de Medio Ambiente, considera, sin embargo, que el estudio del IGME pone de relieve una contaminación que podría resultar delictiva y que sus recomendaciones para reconducir la situación deben ser atendidas.