Los contratos bonificados para dar empleo a mujeres víctimas del maltrato familiar no están teniendo éxito en Baleares, como demuestra el informe presentado hoy por el sindicato UGT sobre el fenómeno social que ocasiona la violencia contra las mujeres. Así, el año pasado solo se contrataron a cuatro víctimas en las islas, un porcentaje insignificante, según han señalado esta mañana la vicesecretaria general estatal de UGT, Cristina Antoñanzas en su visita a Palma, acompañada por la secretaria de Igualdad del sindicato en Baleares, Xisca Garí.

Según el estudio que se ha realizado sobre el fenómeno de la violencia machista, Baleares vuelve a encabezar una vez más la lista de comunidades autónomas con una tasa mayor de víctimas. Las cifras señalan una media de 94 casos por cada 10.000 mujeres, que se sitúa muy por encima del resto de provincias.

Debido a la pandemia, pero sobre todo por los meses de confinamiento, el número de denuncias, y por tanto de víctimas, descendió el año pasado con respecto al anterior. Las dos responsables sindicales atribuyen este descenso, no tanto a que hayan bajado los episodios de violencia familiar, sino a las dificultades de las mujeres para presentar denuncia. Muchas de estas víctimas se vieron obligadas a convivir con su agresor durante estos meses de confinamiento obligatorio. Es cierto que esta tendencia al descenso se mantiene este año, al menos hasta el mes de octubre, donde se han presentado prácticamente la mitad de denuncias que en periodos anteriores. Sin embargo, tanto Antoñanzas, como Garí, atribuyen esta situación a las consecuencias de la pandemia sanitaria.

Este descenso de casos denunciados no solo se produce en Baleares, sino también en el resto del país. El porcentaje de bajada de denuncias alcanza el 10 por ciento.

Pero a nivel nacional el número de episodios de violencia familiar que se tramitan cada año son alarmantes. Así, y pese al descenso, el año pasado se denunciaron más de 150.000 casos. Por desgracia se siguen sin denunciar todos los casos. De hecho, según el estudio de UGT, solo dos de cada diez víctimas toma la decisión de denunciar a su agresor. Según Cristina Antoñanzas las causas de que no se denuncie son varias. Muchas de las víctimas no le dan importancia al episodio que han sufrido o están convencidas de que pueden resolver ellas mismas el problemas. Pero también hay víctimas que se sienten culpables o desconocen los trámites a seguir. Por ello, según los datos estadísticos, una mujer tarda una media de casi nueve años en denunciar a su agresor.

Otro grave problema que denuncian desde UGT y que todavía no se ha abordado con la importancia que merece es el acoso en el espacio laboral. Las dos representantes sindicales consideraron que se debe intensificar la persecución de estos casos y señalaron que todas las empresas deberían tener programas de igualdad y protocolos ante un caso de acoso laboral.

Incidiendo en la contratación de las mujeres que han sufrido violencia familiar, las dos sindicalistas consideraron que es necesario que estas víctimas dispongan de una independencia económica y que no dependan de sus parejas. Reconocieron que es necesario intensificar la información de que estas contrataciones, sobre todo si son indefinidas, cuentan con importantes bonificaciones económicas a favor del empresario.