¿Puede Balears obligar a la población a vacunarse como en Austria? La respuesta es un rotundo «no». Expertos en Derecho Constitucional de la UIB consultados por este diario explican que «el marco normativo actual no da cobertura suficiente» para llevar a cabo acciones como la que ayer anunciaba el canciller austriaco Alexander Schallenberg: la vacunación obligatoria a partir de febrero.
Esa medida «iría contra la integridad física. No se puede coger por la fuerza a alguien e inyectarle la vacuna». Así de contundente se muestra el catedrático Joan Oliver Araujo, aunque coincide con la doctora María Ballester Cardell en que «va a haber que tomar medidas y de forma muy decidida, porque esto va a seguir avanzando». De hecho la incidencia acumulada por el coronavirus en el archipiélago sigue en ascenso, ayer se situaba en 153 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los vacunados, en las islas el 82,7% de la población mayor de once años tiene la pauta completa, pero no hay que olvidarse de ese 17,3% que todavía no se ha vacunado.
En palabras de Oliver Araujo, ese porcentaje es una «bomba andante que pasea por las calles y nos pone en peligro a todos». En este sentido, ¿qué medidas podrían llevarse a cabo para detener la pandemia? Según el jurista, lo ideal sería decretar «medidas restrictivas contra los ciudadanos que no estén inmunizados», ya que considera que el derecho a la vida es «el derecho nuclear» y por lo tanto lo que debe primar es «salvaguardar la vida de la mayoría».
El aumento de las restricciones e incluso el confinamiento son para el catedrático la mejor solución. «Como la actitud de quien decide no vacunarse provoca grandes perjuicios para la colectividad, las medidas podrían ser impedir su entrada en restaurantes, establecimientos de ocio y poco a poco ir aumentando el nivel de las limitaciones», desgrana.
¿Cuál sería la mejor manera de llevar a cabo estas medidas? Oliver Araujo explica que, dado que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales los dos estados de alarma -y el primero de ellos por suspender derechos fundamentales, algo más propio, según concluyó, del estado de excepción-, lo más adecuado sería que «se autorizara el estado de excepción para que el Gobierno pudiera suspender la libertad de movimiento». «Se trataría de una medida muy dura, pero proporcional, porque la situación que estamos viviendo es dura», concluye el experto.
Ley Orgánica del Estado
Para Ballester Cardell, sin embargo, la mejor opción para reducir el porcentaje de no vacunados es «sensibilizar a la población». En cuanto al estado de excepción al que alude Oliver Araujo, considera que «presenta un problema: la vigencia temporal limitada». La experta considera el estado de alarma el instrumento adecuado: «Se puede prorrogar y el virus no conoce de tiempos, ni de plazos, va ganando terreno». Es consciente, sin embargo, de que «es poco probable que el Gobierno adopte esta medida» dadas las resoluciones del Constitucional.
En este sentido, Ballester Cardell apunta que si se quisiera obligar a vacunar a los no inmunizados sería necesaria «una Ley Orgánica estatal», que debería ser, aclara, «proporcionada y limitada en el tiempo», ya que «en España no existe una base legal en estos momentos» para que esta medida pueda ver la luz.
Si se llegase a plantear este escenario la jurista lo tiene claro, colisionarían el principio de igualdad, «porque no se trataría del mismo modo a quienes no estuvieran vacunados», y el derecho a la intimidad, «por los datos médicos que deberían proporcionarse».
Llegado el momento, se tomara la medida que se tomase para aplicar la ‘solución’ que ayer anunciaba Austria, lo que ambos expertos en Derecho Constitucional tienen claro es que «tendría que articularse a través del Estado». «Tras el estado de alarma fue muy complicado para las comunidades gestionar la pandemia. Dejar a cada autonomía que se las arregle es delicado», concluyen.
