Los trabajadores públicos exigen un aumento del plus de residencia para los empleados que son destinados a Baleares, así como a las islas Canarias, Ceuta y Melilla. Esta propuesta ha sido impulsada por el sindicato Comisiones Obreras, que ha recordado que esta partida económica no se ha aumentado desde el año 2007, a pesar de los cambios económicos que se han producido desde entonces. El Estado dispone de cinco millones de euros, que se abonan a los trabajadores públicos que son destinados a las islas, como recompensa por el factor de insularidad. El sindicato propone que dicha partida se establezca hasta los diez millones de euros.

Esta propuesta ha sido presentada esta mañana en Palma por los representantes del sector público de CC OO de Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.

Carolina Frías, secretaria del área de administración general del Estado del sindicato explicó que este aumento del plus se ha planteado a través de una enmienda a los presupuestos generales del Estado, para que asuma la realidad actual de los territorios periféricos.

Pep Ginard, el representante de CC OO en Baleares, explicó que desde hace mucho tiempo las islas vienen sufriendo una pérdida importante de la prestación de servicios públicos. Y ello se debe a que los trabajadores del Estado que son destinados a las islas, a la primera oportunidad que tienen piden el tralado para ir al lugar más cercano a su provincia. Esta situación real provoca una pérdida de la ocupación pública.

En cifras, Ginard explicó que en el año 2002 Baleares contaba con 5.234 empleados públicos. En la actualidad la cifra no alcanza ni los 4.000. Esta falta de trabajadores del Estado, según el representante sindical, se traduce en una peor atención al ciudadano.

Este complemento económico se cobra en función del destino y de la categoría laboral del funcionario. A mayor categoría, más sueldo. Además, existe una gran diferencia entre lo que recibe un empleado que ocupa un empleo público en Ceuta o en Melilla, que recibe una media de casi 585 euros, a uno que trabaja en Mallorca, que de media cobra algo más de 70 euros.

Los sindicalistas explicaron que el objetivo principal es conseguir que el presupuesto por residencia alcance los diez millones de euros, lo que supondría el doble de lo que se destina en estos momentos, y que ya una vez conseguido el dinero se discutiría su reparto.

Los representantes sindicales incidieron en las graves dificultades de estabilidad que sufren las plantillas públicas de estos territorios periférico, a la vez que los trabajadores que ocupan estos empleos ven como su carga de trabajo se ha multiplicado en los últimos años. Además, también señalaron que este problema de estabilidad también se ha traducido en que la plantilla de los trabajadores públicos del Estado es cada vez más elevada, ya que en estos momentos se encuentra en una edad de unos 53 años, dado que gran parte del personal ya se ha jubilado.