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Los constructores quieren renegociar los precios de las obras públicas

Afirman que en un año los precios de las materias primas han subido un 25%

Las constructoras plantean al Gobierno una inversión de 100.000 millones para crear 1,4 millones de empleos

Los constructores de Baleares exigen a la administración una revisión de precios en las construcciones de obras públicas, ya que el encarecimiento del material está ocasionando incluso pérdidas a los empresarios. Climent Olives, presidente de la asociación de constructores de Balears, manifestó ayer su preocupación por el encarecimiento de los precios, como consecuencia de diferentes circunstancias. Muchas empresas que se adjudicaron una obra pública, firmada con precio cerrado, se están encontrando con la situación de que no les cuadran las cuentas, ya que es imposible asumir el coste suscrito en la adjudicación.

Sandra Verger, la directora general de esta asociación de constructores, explicó que en apenas un año el coste de todas las obras de construcción ha supuesto un incremento de alrededor de un 25 por ciento. Los empresarios de este sector, según explicó la ejecutiva, sí pueden renegociar los precios cuando se trata de una obra privada, ya que ambas partes suelen llegar al acuerdo que este aumento de precios no únicamente lo debe asumir una de las partes. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se trata de obras públicas. Los empresarios se presentan a las adjudicaciones, en las que se fijan una serie de condiciones, sobre todo en cuanto al precio final de la obra. De momento, según explicó Olives, ninguna de las administraciones de las islas ha dado un paso adelante para afrontar esta nueva situación, pero cree que el sector debe exigir una negociación de los precios cuando se trata de obras públicas, porque los empresarios lo que no están dispuestos a aceptar es asumir ellos las pérdidas económicas de una construcción. El portavoz empresarial anunció que la materia prima de la construcción va a subir en las próximas semanas y puso el ejemplo del cemento, que puede aumentar su precio en alrededor de un doce por ciento. Este aumento de los precios de las materias primas no únicamente lo sufren los constructores de Baleares, sino que es un fenómeno que se extiende por todo el estado. Los precios en las islas son incluso más elevados, porque hay que sumar los costes de la insularidad, según detalló la gerente de la asociación.

No se prevé que este aumento de precios se detenga a corto plazo. De momento, ya son varias las obras públicas que han salido a licitación que han resultado desiertas. Según Sandra Verger, con toda seguridad esta situación se va a repetir, porque los constructores no están dispuestos a perder dinero para realizar una obra, aunque se trate de pisos de protección oficial. La ejecutiva recordó que el sector de la construcción no ha quedado paralizado durante la pandemia y se prevé que la administración balear, cuando reciba los fondos europeos comprometidos, ofrezca muchos proyectos, pero que en estas circunstancias de precios muchos de ellos se van a rechazar.

El portavoz de la patronal firmó esta mañana una ampliación del acuerdo para luchar contra la siniestralidad laboral en las islas. Un acuerdo que se suscribe con el Govern, a través de la conselleria de Trabajol. El conseller Iago Negueruela ha destacado que el año pasado el nivel de siniestralidad laboral descendió en las islas alrededor de un 15%. Este descenso se focaliza únicamente en Mallorca, ya que en Ibiza y Menorca han aumentado los accidentes laborales. El conseller insistió en la necesidad de ir ampliando las inspecciones, porque la salud y la seguridad de los trabajadores de la construcción es una prioridad para el Govern.

A través de la Fundación Laboral de la Construcción, el año pasado se realizaron 440 visitas de obras en Mallorca. Un técnico realiza una inspección de la obra y señala las posibles situaciones que pueden poner en peligro a los trabajadores. Se trata de una labor de prevención y asesoramiento, según explicaron sus responsables, ya que esta fundación no tiene capacidad para sancionar.

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