Las entidades financieras han comunicado durante este año a la conselleria de Vivienda 95 casos en los que han tenido que ofrecer un alquiler social a familias de Baleares a las que pretenden desahuciar o que han tenido que hacer una dación de su residencia en pago por la hipoteca, según los datos facilitados por el director general de Arquitectura, Eduardo Robsy. Esta exigencia viene impuesta por la Ley de la Vivienda de Baleares y tiene como objetivo que las personas en una situación de especial vulnerabilidad no se queden sin un techo. Como ejemplo, Robsy subrayó que en uno de estos casos, los antiguos propietarios han podido conseguir el alquiler del que fue su inmueble situado en Platja d’en Bossa (Ibiza) por 341 euros al mes, cuando en esta zona difícilmente se encuentra nada por menos de 1.300.
El Govern introdujo en la citada norma balear, a través de un decreto ley de 2020, la exigencia a los grandes tenedores de que en el caso de iniciar una ejecución hipotecaria o aceptar una dación en pago para liquidar su deuda por parte de personas en situación de vulnerabilidad social, debían de ofrecer como alternativa el alquiler del inmueble por un periodo de siete años, y sin que la renta a cobrar pueda superar el 30% de los ingresos del núcleo familiar, siempre que no se contara con una residencia alternativa. Además, deben de comunicar al Govern estos casos.
De no hacerlo así, el Ejecutivo autonómico puede aplicarles una sanción por falta muy grave cuyo importe puede oscilar entre los 30.000 y los 90.000 euros.
Tras la inclusión de esta exigencia, este año la Conselleria ha empezado a recibir las primeras comunicaciones por parte de las entidades financieras, hasta sumar a fecha de hoy los 95 casos antes señalados, en los que se ha garantizado que las familias afectadas puedan mantener una residencia.
El número de comunicaciones más elevado corresponde a Mallorca, con un total de 77. El municipio donde se ha registrado el mayor número de ofertas de alquileres sociales es Inca, con 21, seguido de Llucmajor, con nueve, y de Felanitx y Santanyí, con seis en cada uno de estos municipios. Ninguno de estos casos se ha detectado en Palma.
En el caso de Ibiza, se han registrado 15 comunicaciones de este tipo de ofertas por parte de los bancos, seis de ellas en la capital y cuatro tanto en Sant Josep como en Santa Eulària des Riu. En esta isla aparece el caso de una dación en pago en la que los antiguos propietarios han logrado quedarse en el piso de Platja d’en Bossa durante un máximo de siete años por 341 euros mensuales.
La lista la completan los dos casos de Menorca y uno en Formentera.
Más alquileres en el futuro
Eduardo Robsy recuerda que el Gobierno central mantiene en vigor una moratoria frente a este tipo de desahucios, pero de carácter temporal y mientras se supera la crisis generada por el coronavirus. De este modo, el director general de Arquitectura pone de relieve que cuando esta medida provisional de ámbito estatal desaparezca, la introducida en la legislación balear alcanzará todo su potencial, y se estima que la cifra de casos en los que los bancos deberán ofrecer un alquiler social ante los desahucios y las daciones en pago puede acercarse a los 500 anuales.
Robsy recuerda que esta medida se intentó introducir cuando se aprobó la citada ley en 2018, pero se optó por esperar ante los problemas que la legislación catalana sobre esta materia genero con el Estado. Una vez despejadas las dudas existentes, se introdujo en la normativa balear dos años más tarde.
