Los quince días que se prolongan las fiestas navideñas, desde el día 24 de diciembre, hasta el 6 de enero (ambos incluidos) serán fechas inhábiles para la administración de justicia. Es decir, los juzgados, salvo las actuaciones urgentes, estarán paralizados y los trámites quedarán congelados. Así lo ha acordado el Ministerio de Justicia tras alcanzar un acuerdo con un grupo de trabajo sobre conciliación, que fue impulsado por el Consejo General de la Abogacía Española.
Este grupo de trabajo que ha negociado este acuerdo ha estado representado, no únicamente por abogados, sino también por procuradores y graduados sociales. Se ha buscado una postura común entre todos estos profesionales para lograr un entendimiento con el Ministerio de Justicia, que ha respaldado las medidas de conciliación solicitadas.
Este texto propuesto será trasladado al Consejo de Estado, para que emita el correspondiente informe en un plazo máximo de dos meses. Si estas fechas se cumplen, el anteproyecto de ley podría llegar al Congreso en el mes de enero del año próximo, para su tramitación definitiva en las Cortes.
Además de declarar que las fechas navideñas son inhábiles para la administración judicial, otro de los acuerdos que se han aprobado es que en los casos de nacimiento de un menor, los profesionales de la abogacía que dispongan de la baja por maternidad, o de paternidad, podrán solicitar la suspensión del procedimiento judicial. Esta suspensión afectará a todos los procedimientos en los que intervenga.
Además, al periodo navideño también se declara el mes de agosto como inhábil.
Dentro de las normas de conciliación también se ha acordado que en los casos de enfermedad grave o muerte de un familiar del profesional de la abogacía, se incluye la suspensión de los procedimientos judiciales de tres a cinco días, que dependerá de las necesidades del desplazamientos.
Desde fuentes de la Abogacía se destacó que estas decisiones responden a las antiguas reclamaciones sobre conciliación que se venían reclamando desde hace tiempo. Los abogados, mientras se tramita el anteproyecto y a la espera de su aprobación definitiva, solicitarán que ante el caso de enfermedad grave de un letrado, se acuerde la suspensión del procedimiento en el tiempo necesario para que otro profesional se haga cargo del asunto.
El Consejo General de la Abogacía Española se ha mostrado hoy muy satisfecho con el desarrollo de la negociación con el Ministerio de Justicia, con la esperanza de que este acuerdo pueda extenderse a futuros proyectos legislativos. “Se trata de un texto que permite fortalecer la administración de Justicia del siglo XXI, dentro de una sociedad democrática, avanzada e igualitaria, en sintonía con las necesidades de los profesionales, y que demuestra el compromiso y capacidad de acuerdo entre los actores intervinientes”, señala el comunicado de los abogados.
