La larga trayectoria judicial de Jaume Matas ha concluido con una nueva sentencia condenatoria. El expresident ha visto cómo su intento de reducir su condena por el caso Son Espases ha fracasado. El Supremo ha rechazado el recurso que planteó su abogado, que únicamente recurrió uno de los tres delitos por el que fue condenado. No estaba conforme con la condena por el tráfico de influencias, aunque reconocía los otros dos delitos, la prevaricación y el fraude a la administración. El recurso ha sido rechazado y, por tanto, se confirma la condena de diez meses de prisión, más diez años de inhabilitación. El tribunal confirma que Matas intentó amañar el concurso del hospital, la mayor obra pública realizada hasta entonces en Balears, pretendiendo otorgar el proyecto al empresario Villar Mir, de OHL. Sin embargo, finalmente la obra la realizó el empresario Florentino Pérez, al filtrarse el nombre del ganador antes de que se conociera la decisión de la Mesa de Contratación, lo que obligó a suspender la reunión y replantearse de nuevo los conceptos de puntuación de los proyectos.
Esta nueva condena contra Matas podría ocasionarle consecuencias penitenciarias. El expresident se encuentra en tercer grado, como consecuencia de la condena por el caso Nóos. Esta nueva sentencia podría justificar que se revise su situación penitenciaria y no se descarta que se le rebaje al segundo grado, lo que supondría que tendría que volver a ingresar en la cárcel.
La sentencia es especialmente dura en su relato con la actuación de Jaume Matas, que utilizó a las personas bajo sus órdenes, como era la consellera de Sanidad, Aina Castillo, o el director general, Sergio Beltrán, para amañar el concurso público para construir el hospital. Un proyecto al que se había comprometido cuando optó a la presidencia del Govern.
Para vestir de legalidad todo el proceso administrativo, fue el propio Matas, según declara probado el tribunal, el que ordenó a sus subordinados la contratación de una empresa consultora. Se encargaría de valorar todos los aspectos (técnico y económico) de los proyectos que se presentaron para adjudicarse este concurso, para determinar cuál de ellos era el mejor. Pero para confirmar el amaño también era necesario manipular a la Mesa de Contratación y se hizo a través de la figura de su presidente (ya fallecido) que era un subordinado de Beltrán.
El tribunal afirma que Matas ejerció una «presión moral y jerárquica» sobre sus subordinados
Durante el proceso de adjudicación Jaume Matas citó a la consellera Aina Castillo al gimnasio al que acudía. Allí le entregó un sobre, que supuestamente señalaba las directrices que debían valorar los técnicos, para asegurarse la elección de la oferta de OHL. La consellera, que no llegó a abrir el sobre, se lo entregó a su subordinado Beltrán y éste por último se lo hizo llegar al presidente de la Mesa. El tribunal tiene muy claro, para demostrar que existió un claro tráfico de influencias, que Jaume Matas ejerció «presión moral y jerárquica» sobre sus subordinados, Castillo y Beltrán, y los utilizó a ambos para lograr su propósito de adjudicar la obra a la empresa que le interesaba. «Se trataba de crear una apariencia de realidad que respaldase la decisión que desde el principio perseguía Matas. No se influyó sobre la Mesa de Contratación, sino sobre Sergio Beltrán como órgano de contratación, a quien Matas, aprovechándose de la ascendencia derivada de su posición jerárquica, iba transmitiendo sus directrices, bien directamente, bien a través de Aina Castillo», señala el Tribunal Supremo. Matas había dado órdenes de elegir la oferta de Villar Mir, pese a que era cien millones de euros más cara que la de Florentino Pérez.
Se filtró el ganador
Sin embargo, el deseo de Matas quedó frustrado, porque antes de que la Mesa eligiera al ganador del concurso, ya se filtró el nombre del proyecto elegido. Esta filtración motivó que fuera el propio Matas quien ordenara a la consellera de Sanidad que se suspendiera la reunión de la Mesa de Contratación, pese a que teóricamente se trataba de un órgano independiente y no podía recibir indicaciones del president del Govern. Sin embargo, las órdenes de Matas se cumplieron y se buscó una fórmula para que el amaño no fuera tan grosero. Se decidió pedir un informe al Consell Consultiu y un análisis de las ofertas a los colegios de ingenieros y economistas. Los expertos aconsejaron que, debido a que las propuestas técnicas eran muy parecidas, se optara por elegir la oferta más barata. Finalmente, la Mesa de Contratación acordó seguir estos consejos y se otorgó la obra pública a la empresa FFC, de Florentino Pérez.
Este caso termina sin que Jaume Matas haya dado una explicación pública de cuáles fueron sus intenciones durante el proceso de adjudicación del hospital público. Antes del juicio se aseguró alcanzar un acuerdo con el fiscal, que pese a que le obligaba a confesarse culpable, se aseguraba una condena prácticamente simbólica. Sin embargo, Matas no había previsto las dificultades penitenciarias que podría suponerle esta última condena.
