El grupo ecologista GOB ha registrado este miércoles una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament que es pionera en España y que reclama "garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras" por medio de propuestas hacia una "transición ecosocial".

El GOB quiere que, por ley, todas las normas, planes, programas y actos administrativos evalúen su impacto potencial y repercusiones tanto positivas como negativas sobre las generaciones presentes y futuras.

La entidad ha planteado esta propuesta porque advierte de que Baleares se encamina "hacia un escenario ecológico y social complejo", en el que la crisis climática, la pérdida masiva de biodiversidad y la escasez de recursos "requieren afrontar colectivamente un futuro lleno de retos que cambiarán la organización social y económica", señala en una nota.

"Ciudadanos e instituciones estamos obligados a repensar nuestra forma de vivir y consumir, para poder mitigar los riesgos económicos y sociales y poder ofrecer un futuro con garantías a las generaciones futuras", reivindica el GOB.

Con la crisis climática y la sanitaria derivada de la covid-19 como puntos de inflexión, el GOB y otras entidades han planteado esta iniciativa legislativa popular basada en el concepto de "justicia intergeneracional".

Advierten de que, del mismo modo que las decisiones tomadas en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI han condicionado negativamente el posible desarrollo sostenible a las sociedades actuales, hasta el punto de provocar la emergencia climática y ecológica, "las acciones del presente condicionarán sin duda el devenir de las generaciones del futuro".

Recuerdan que lugares tan distantes como Singapur y Gales han integrado en sus políticas públicas el concepto de bienestar futuro, con leyes y normas específicas que someten las actuaciones y previsiones de los poderes públicos a un control específico bajo la perspectiva de la justicia intergeneracional.

Inspirados en la pionera Ley de Gales de Bienestar de las Generaciones Futuras, el GOB pide que Baleares apruebe una ley para velar por que las actuaciones de las instituciones públicas de las islas garanticen el bienestar ecológico, económico y social de las generaciones presentes y futuras.

La propuesta fija unos objetivos de bienestar a alcanzar ahora y para las generaciones futuras y determina la necesidad de realizar un informe de evaluación de impacto potencial y las repercusiones positivas o negativas sobre las generaciones futuras y la capacidad de éstas para definir su modelo social, económico y ambiental, de acuerdo a los objetivos.

Plantea crear una comisión para el bienestar de las generaciones presentes y futuras con expertos en educación, investigación e innovación, agroecología y biodiversidad, mitigación y adaptación a la crisis climática, justicia social, modelo económico; urbanismo, territorio y recursos; políticas de igualdad y género; inmigración, cultura; infancia y juventud, y salud pública.

El GOB recuerda que una ILP la pueden presentar los ciudadanos, sin la intermediación de partidos políticos, y deben estar apoyadas por 7.500 firmas, en el caso de Baleares.

Una vez la Mesa del Parlament decida si se admite a trámite, El GOB iniciará una campaña intensa de 4 meses en las Islas para recoger las firmas necesarias para poder avalar esta propuesta.