Los empresarios náuticos que ganaron el concurso bajo sospecha del puerto de Maó también sostienen ante la jueza que el procedimiento fue limpio. Justo Saura, presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas -que creó la sociedad adjudicataria- y máximo responsable de la Federación de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIMEM), rechazó haber presionado o coaccionado a los directivos de la Autoritat Portuària de Balears (APB) para amañar la licitación. Otros dos empresarios investigados negaron también haber participado en el presunto amaño.
Saura explicó ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, que su intención era que no saliera a concurso la gestión de los 154 amarres, sino que las empresas que formaban Asmen siguieran explotándolo a través de una autorización de ocupación temporal. Así lo hizo saber a los directivos de la APB, entre ellos el presidente, Joan Gual de Torrella, y el director, Juan Carlos Plaza, en sus reuniones, y aunque admitió que trató de paralizar el proceso, negó haberles presionado para manipular el concurso.
En su comparecencia ante la magistrada, que se prolongó durante una hora y media, Saura confirmó que notificó por correo electrónico a los altos cargos de la APB la creación de una sociedad para presentarse al proceso de adjudicación, pero afirmó que era una simple información y rechazó haber tramado un amaño con Gual y Plaza.
También explicó que tuvo contactos con cargos políticos como el entonces conseller Marc Pons, pero aseveró que en ningún caso se concertaron para manipular la adjudicación.
La jueza interrogó después a otros dos empresarios investigados que crearon Marina Asmen para participar en el concurso. Los dos negaron haber cometido cualquier irregularidad para hacerse con la gestión de los amarres.
La jueza ha pedido un informe sobre los criterios técnicos por los que la APB adjudicó la gestión de los amarres
El delegado en Menorca de la APB, Vicente Fullana, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de la jueza y el fiscal y solo contestó a unas pocas cuestiones de su abogado. Fullana ya fue interrogado por la Guardia Civil en calidad de testigo cuando comenzó la investigación.
Fuentes conocedoras del caso confirmaron ayer que la magistrada ha solicitado a la Intervención General del Estado un informe sobre los criterios técnicos por los que se adjudicó el concurso a Marina Asmen.
Hoy están citados a declarar como investigados por esta pieza del llamado ‘Caso Puertos’ otros tres empresarios menorquines, también integrantes de la sociedad que se ganó el procedimiento administrativo.
