El equipo de gobierno del ayuntamiento de Palma, integrado por el PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma, lo tiene muy claro y se pronuncia el primero. Está dispuesto a aplicar la limitación de los precios del alquiler en las zonas de la ciudad que se consideren tensionadas por ser superiores a la media estatal y a incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías en los términos que permita la ley de Vivienda que está negociando en estos momentos el Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde el Govern se ensalza que la nueva ley estatal sigue la misma línea que la norma autonómica para fomentar el acceso en zonas tensionadas como Balears.
El portavoz del equipo de gobierno municipal, Alberto Jarabo, manifestó ayer que una vez aprobada la ley que da estas «herramientas» para abaratar los alquileres y que los grandes tenedores tengan que poner a disposición del mercado pisos vacíos para no ser penalizados, «vamos a estudiar cuál es el margen que tenemos desde el Ayuntamiento para aplicar estas medidas con el fin de afrontar la situación actual y posibilitar que colectivos como los jóvenes puedan emanciparse o facilitar el pago del alquiler para poder disponer de una vivienda digna».
El portavoz municipal recuerda que tanto la limitación del precio del alquiler como la subidas del IBI a las viviendas vacías son cuestiones que han sido reiteradamente reivindicadas por este equipo de gobierno, en especial por la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, por lo que «estamos muy orgullosos de que esta petición muy extendida por parte de un sector de la sociedad y políticos de izquierdas hacia el gobierno del Estado haya dado sus frutos después de un diálogo que ha sido largo».
Jarabo indica, asimismo, que se trata de «unas medidas importantísimas para esta ciudad en la que todos sabemos que se aplican unos precios muy por encima de la media nacional y, por tanto, desde este Ayuntamiento necesitamos herramientas que puedan poner freno a la especulación» en Palma».
En este mismo sentido, Neus Truyol celebra este preacuerdo de PSOE y Unidas Podemos con la nueva ley, aunque la regidora de Modelo de Ciudad y Vivienda Digna considera que «llega tarde» porque hace «más de dos años» que la habían solicitado porque «cada día que pasa los precios del alquiler suben», con un alza del 9 % de media a pesar de la pandemia y la crisis económica y social latente. De ahí que considera que esta regulación sea «imprescindible y urgente». El incremento del IBI para «castigar» a los propietarios con viviendas vacías, especialmente grandes tenedores, también es otra de las medias que han estado exigiendo «de manera reiterada», dice Truyol, que también expresa preocupación en lo que se refiere al «voluntarismo» de las comunidades autónomas. Por ello, adelanta que exigirán que en todas las CCAA donde haya mercado de vivienda tensionado se regule, por «solidaridad».
Truyol echa en falta que no se pueda restringir la compra de viviendas por parte de los no residentes
La regidora ecosoberanista echa en falta en la futura ley estatal «mecanismos para restringir» la compra de viviendas por parte de no residentes, porque no pueden ser un bien con el que especule el capital extranjero e inversores de alto poder adquisitivo.
Mientras tanto, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears analizará hoy la norma y desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se pide solidaridad a los grandes tenedores.
Para la portavoz socialista balear, Pilar Costa, la norma demuestra «más que nunca» las carencias para acceder a una vivienda, además de que sigue la línea de la ley autonómica al incluir mecanismos para poder incidir en los precios de las viviendas respecto a los grandes tenedores o el uso de estos mecanismos en zonas tensionadas.
La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, coincide con Costa al destacar que Madrid va a legislar en sintonía con la ley balear y destaca que el objetivo es «abaratar el precio del alquiler y garantizar el derecho fundamental» de tener vivienda. Sánchez no opina por ahora sobre la subida del IBI a grandes tenedores de viviendas vacías, porque aún no dispone de «la concreción de las diferentes medidas» que se pondrán en marcha.
Para Eduardo Robsy es fundamental poder congelar los precios en los contratos de renovación de alquiler
Uno de los aspectos que más agrada al director general de Vivienda, Eduardo Robsy, es la propuesta de congelar los contratos de alquiler de las zonas tensionadas, porque «muchos problemas se concentran en su renovación, con incrementos desorbitados», y que se limiten a la subida del IPC dará seguridad. Sobre el bono de 250 euros mensuales para los jóvenes, habrá que esperar, pero Robsy entiende que no estarán vinculados a la ley y será viable su puesta en marcha con los presupuestos de 2022. Recuerda que ya existe en el plan de ayudas estatales de vivienda una subvención del 50% para los menores de 35 años y una más vendrá a complementarla.
