La nueva ley estatal de Vivienda fue ayer calificada de «atentado contra la propiedad privada» por parte del portavoz balear del PP, Toni Costa. Alerta de la «inseguridad jurídica» que va a provocar, así como de que se pretende implantar en el Estado español medidas que ya han fracasado tanto en Europa como en Estados Unidos. Augura que también serán fallidas aquí y defiende que lo que se debe promover es la iniciativa privada para que el mercado por sí solo regule el precio de la vivienda.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, critica que Pedro Sánchez utiliza la política de vivienda «como moneda de cambio para ceder ante el chantaje de los populistas» para que apoyen los presupuestos. Califica las medidas de «despropósito competencial» porque la gestión corresponde a las comunidades y lo referido al IBI a los ayuntamientos. «Si esto sale adelante, se va a tumbar en los tribunales», sostiene.

«Descafeinadas e insuficientes», así se consideran desde Més per Menorca las medidas de Madrid e insisten en limitar el precio del alquiler porque no se aportan «soluciones reales» al problema de vivienda. La diputada Patricia Font cree que los bonos para jóvenes fracasarán al provocar que los alquileres se encarezcan más y que la regulación es insuficiente al dirigirse a los grandes tenedores con más de diez inmuebles, además de que el PP ya ha adelantado que no la aplicará. 

Alejandro López, portavoz de Unidas Podemos, celebra el acuerdo porque regular los alquileres en Balears es «una necesidad imperante que ahora ya será posible». Considera que la ley es «pionera» en plantar cara a los fondos buitre y especuladores y critica la intención de Pablo Casado de llevar la ley la Tribunal Constitucional. López añade que alquilar una vivienda en las islas es hoy un 45% más caro que hace diez años. «Esto tenía que parar», advierte.