La abogada del Estado y asesora jurídica de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Dolores Ripoll, defendió ayer ante la jueza la legalidad del concurso del puerto de Maó bajo sospecha de amaño. En su declaración como investigada, afirmó que la adjudicación se basó exclusivamente en criterios técnicos y negó haber favorecido a la sociedad ganadora por intereses personales. Por su parte, el exjefe del área de gestión de la APB, Fernando Berenguer, admitió haber dicho que el concurso estaba amañado a los responsables de una empresa aspirante, en una conversación que fue grabada y acabó en la Fiscalía Anticorrupción, pero aseguró que era mentira y que todo el procedimiento fue legal. También el jefe de explotación del organismo, Armando Parada, sostuvo que el proceso de adjudicación fue legal e independiente y negó haber recibido cualquier tipo de presión.

Dolores Ripoll fue la primera en comparecer ayer ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, que indaga en las presuntas irregularidades cometidas en la APB durante la presidencia de Joan Gual de Torrella. Ripoll compareció durante algo menos de dos horas para negar cualquier tipo de ilegalidad. Defendió que la adjudicación en 2018 de la gestión de 154 amarres en el puerto de Maó a la entidad Marina Asmen se basó únicamente en criterios técnicos y negó una manipulación irregular de los criterios de puntuación. Ripoll mantuvo en algunos momentos un intenso debate con la jueza sobre la legalidad de algunos aspectos del concurso investigado y defendió tajantemente su postura.

 La magistrada sospecha que la abogada del Estado favoreció a la sociedad que ganó el concurso por intereses personales. Los motivos por los que habría participado en el amaño están siendo investigados, pero la jueza apunta que su marido realizó en 2017 trabajos remunerados para una sociedad que acabó formando parte del conglomerado ganador del concurso. Ripoll rechazó esta hipótesis y aseguró que esta circunstancia nada tuvo que ver en su decisión a favor de Marina Asmen.

Otro de los aspectos sobre los que fue interrogada fue el enfrentamiento que mantuvo con otro abogado del Estado, vocal en el consejo de administración de la APB, que votó en contra de adjudicar el concurso a esa empresa. Según Ripoll, sus desavenencias venían de lejos debido a otros asuntos.

El caso empezó a ser investigado por una grabación en la que el entonces jefe del área de gestión de la APB, Fernando Berenguer, afirmaba a otros empresarios que aspiraban a la adjudicación que el concurso estaba amañado a favor de Marina Asmen. Una charla que fue grabada y sirvió como base para la denuncia en Anticorrupción. Ayer, ante la jueza, Berenguer admitió haber mantenido esta conversación, pero aseguró que mintió a los denunciantes y defendió la legalidad del concurso.

Armando Parada, jefe de explotación de la APB y miembro de la comisión técnica que propuso adjudicar el concurso a Marina Asmen, defendió en su declaración la «absoluta legalidad» del procedimiento administrativo. Sostuvo que se llevó a cabo de forma «independiente», sin presiones y basado solamente en criterios técnicos.

Hoy están citados a declarar como imputados un técnico de la APB y varios de los empresarios que formaron Marina Asmen.