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Armengol desautoriza al IB-Salut y ordena reabrir el expediente de Son Pisà por discriminación del catalán

El IB-Salut ha tenido que rectificar, después de dar carpetazo al caso, por las fuertes presiones de Política Lingüística (Més) y una tensa reunión entre Presidencia y la consellera Patricia Gómez

Francina Armengol y la consellera de Salud, Patricia Gómez CAIB

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, han desautorizado el cierre del expediente informativo por parte del IB-Salut por discriminación lingüística en el centro de salud de Son Pisà de Palma, donde una doctora le dijo a una paciente que hablaba catalán que no la entendía. La propia Armengol declaró ayer que el expediente «sigue abierto y se está recopilando información». La presidenta reiteró que «cualquier ciudadano de Baleares tiene derecho a ser atendido en una de las dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano».

Este cambio de criterio se produjo después de una mañana intensa de desavenencias entre Política Lingüística, las presiones de Més sobre la presidenta y el ultimátum de la Secretaria Autonómica de Universidades y Política Lingüística, gestionada por Més, de que el IB-Salut rectificara o emitían un comunicado desautorizando a la conselleria de Salud. 

Asimismo, según ha podido saber este periódico, justo después del Consell de Govern se produjo una reunión urgente entre Presidencia y la consellera de Salud, Patricia Gómez, para reabrir el expediente y que se coordinara con Política Lingüística la tramitación del mismo.

El IB-Salut informó el domingo que la Dirección Asistencial dio carpetazo al caso de Son Pisà alegando que la «doctora proporcionó a la paciente una consulta adecuada y prueba de ello es que se le prescribió un diagnóstico». Dicha conclusión se resolvió sin haber consultado a la Dirección General de Política Lingüística ni tampoco con la familia de la paciente que interpuso una queja sobre el hecho de que no pudiera expresarse en catalán en la consulta de la doctora de urgencias del centro de salud de Son Pisà. De hecho, la familia de la paciente reiteró ayer que la atención se produjo después de que la enferma cambiara al castellano cuando la sanitaria, que le reconoció que lleva siete años en Mallorca, le dijera que no la entendía en mallorquín.

Desautorización al IB-Salut

Después de la crisis entre los departamentos de Més (Secretaría Autonómica de Universidades y Política Lingüística) y del PSOE (IB-Salut), el Govern emitió un comunicado ayer por la tarde donde confirmaba la desautorización al cierre del expediente por parte de la Dirección Asistencial del IB-Salut. «El Govern mantiene abierto el expediente que tramita el Servicio de Salud en relación con el caso de discriminación lingüística en Son Pisà. La Dirección General de Política Lingüística se ha dirigido al Servicio de Salud para aclarar el estado de tramitación tras informaciones respecto al posible cierre del caso con una resolución desde el IB-Salut», apuntaba el comunicado.

De igual modo, recordaba el acuerdo alcanzado entre Més y el Govern en la reunión de crisis del pasado lunes: «Ambos órganos del Govern deben coordinarse con respecto a las cuestiones de derechos lingüísticos en el ámbito sanitario». «El caso no se puede dar por resuelto -añadía la nota oficial del Govern- sin tratar el motivo que origina la reclamación, que es el hecho de que un paciente haya tenido que renunciar al derecho de expresarse en catalán para recibir atención sanitaria».

Asimismo, reiteraba que el expediente aún está en proceso de tramitación, pese a las informaciones difundidas ayer por el IB-Salut: «El Govern está aún recopilando información y haciendo los trámites necesarios para garantizar que se respete la normativa. El Servicio de Salud se compromete a enviar toda la información a la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos». Además de la reclamación al IB-Salut, hay otra ante la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Desde la Oficina se «apuesta por la mediación para resolver los casos de discriminación lingüística», concluía la nota del Govern.

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