Una nueva sentencia de un juzgado de Palma falla contra Aena y obliga al gestor aeroportuario a reducir las rentas de dos locales de restauración en Son Sant Joan por la afectación de la pandemia en la caída del tráfico aéreo.
El fallo, dictado por el juzgado de primera instancia número 4 de Palma, estima parcialmente la demanda de Airfoods Restauración y Caterig contra Aena y declara que cabe la modificación de los contratos de arrendamiento suscritos entre ambas partes para que se reduzca la cantidad pactada antes de la crisis en concepto de renta mínima anual garantizada, de manera que se deben tener en cuenta el número de pasajeros en los ejercicios 2020, 2021 y 2022. En ningún caso podrán superar las rentas que se fijaron en los contratos.
Airfoods interpuso la demanda contra el gestor aeroportuario en diciembre pasado al considerar que la crisis había generado un cambio imprevisible en las condiciones pactadas en los contratos de dos locales de restauración, vigentes desde septiembre de 2020, y el pago de la renta mínima garantizada se había convertido en una «obligación excesivamente onerosa y desproporcionada». Por ello, reclamaba su modificación para el año pasado, el presente y el que viene, por aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que permite la revisión de lo pactado por circunstancias sobrevenidas como la pandemia que provocó la caída del flujo de pasajeros.
Teniendo en cuenta el descenso del tráfico y que ni siquiera estuvieron todos los locales abiertos era «una quimera» alcanzar una renta mínima garantizada que supera el millón de euros con los dos negocios, cuando las ventas fueron «inexistentes» por las restricciones a la movilidad y el cierre obligatorio de los locales entre el 14 de marzo y el 21 de junio, en el primer estado de alarma.
Uno de los negocios de Airfoods es el punto de venta Taxi Driver, la cantina de los taxistas, que con la escasez de viajeros apenas tenía afluencia. Este negocio y el otro en litigio abrieron el año pasado el 15 de julio y cerraron antes de que terminara septiembre. La renta que debían abonar en febrero pasado ascendía a 1,2 millones de euros.
Más victorias
La sentencia establece que sí cabe la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, lo que justifica la modificación de la cuantía de la renta mínima garantizada.
Este fallo se suma a otro logrado por Airfoods en el aeropuerto de Santiago de Compostela y dos más a favor de Zea Retail, uno en Madrid y el segundo en Palma por un local en Son Sant Joan.
Así las cosas, el conflicto entre Aena y sus arrendatarios que pugnan por no pagar los elevados alquileres que marcan sus contratos a pesar de la caída del tráfico de viajeros está lejos de solucionarse.
Més reitera su oposición a la ampliación de Son Sant Joan
Més per Mallorca reiteró ayer su rechazo a cualquier ampliación del aeropuerto encaminada a absorber más de tráfico aéreo. Su coordinador, Antoni Noguera, destaca que la retirada del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat confirma que es posible hacer lo mismo en Palma y exige al Gobierno central «la retirada inmediata de un proyecto claramente perjudicial» para Balears, que prevé un incremento del 14 % del tráfico. «Queremos y reclamamos el mismo trato» para todos los territorios y que se tenga en cuenta el rechazo social e institucional, clama. Unidas Podemos también pide «que se vigile que no haya ningún tipo de ampliación» en el aeropuerto.
