La Comisión de Ética Pública del Govern reprueba la actuación de los altos cargos del Ejecutivo que se saltaron el proceso de vacunación entre los meses de enero y febrero de 2021.
Como publicó este diario, Govern y Consell de Mallorca ocultaron la vacunación de sus altos cargos cuando el proceso debía circunscribirse exclusivamente a usuarios de las residencias y personal sanitario y sociosanitario de los centros de personas mayores y de atención a grandes dependientes.
Sin embargo, esto no impidió que se inoculara a la directora insular de Mayores del Consell, Sofía Alonso; la subdirectora de Atención a la Cronicidad, Angélica Miguélez; el coordinador de la campaña de vacunación, Carlos Villafáfila; el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Miquel Caldentey; la directora de enfermería de este nivel asistencial, Consu Méndez, y otra subdirectora de enfermería de Primaria, Noelia Martín.
«Queda claro que la vacunación de cualquier persona no perteneciente a los colectivos señalados ha de considerarse un incumplimiento de la estrategia de vacunación y que, en consecuencia, deberían de reprobarse las conductas de las personas que hayan incumplido la estrategia, y aplicarse, si fuese legalmente posible, medidas sancionadoras o la petición de responsabilidades políticas», señala el informe del órgano consultivo del Govern. Y añade: «Cualquier ciudadano que se vacunara sin formar parte de este colectivo o sin ser personal sanitario o sociosanitario de riesgo estaría llevando a cabo una conducta muy poco ética, en la medida que estaría privando a una persona vulnerable o a un sanitario en riesgo de una dosis que podría resultar vital para su supervivencia».
«Si este ciudadano, además, fuese un firmante del Código Ético del Govern y hubiera hecho servir su posición institucional o su cargo para obtener una dosis que no le correspondía, estaría incumpliendo su compromiso de actuar con integridad», asegura el informe del organismo dependiente de la conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática que dirige el vicepresidente, Juan Pedro Yllanes.
El informe concluye que los altos cargos que ignoraron la estrategia de vacunación hicieron un «uso inadecuado de su posición institucional» y se saltaron el Código Ético del Govern, aunque también entiende que en algún momento pudo existir el caso de una vacunación «fruto de una decisión pragmática y no consecuencia de un ejercicio abusivo del cargo», sostiene el informe, que evita citar a ningún alto cargo.
