Un mallorquín ya no puede vivir en Mallorca, en el sentido literal de que no habitará una casa en la que pise el suelo de la isla, salvo que la reciba en herencia o asuma ingresos en muchas decenas de miles de euros. El sueño burgués de la vivienda unifamiliar queda reservado a extranjeros, en una invasión no menos devastadora que una guerra, por mucho que se encomiende a la falsa unidad europea.
Los mallorquines no podrán contemplar su cielo desde su suelo, pero tampoco ascenderán a las alturas celestiales de los pisos con materiales nobles. Por tanto, y dado que de momento nadie ha decretado que la victoria marcial de las huestes extranjeras conlleve el exterminio de los indígenas, cabrá preguntarse con cierta ansiedad dónde y de qué vivirán los enojosos mallorquines.
Vivirán del aire y vivirán en el aire, confinados en todos los sentidos en los barrios más degradados, con Palma como ejemplo de un Ayuntamiento socialcomunista volcado en aumentar los privilegios de los alemanes y suecos («centroeuropeos», en el argot de Margarita Nájera) que le han arrebatado el casco antiguo a la aristocracia.
Pese a ello, el mallorquín todavía se felicita al enterarse de que una casa de su isla se vende en 65 millones de euros. Olvida que los locales pagan esa cantidad sin derecho a ocupación, por la transmisión del sobrecoste en vasos comunicantes. Al elevar el precio del suelo, vuela lejos del alcance de los pies mallorquines.
