Francina Armengol, presidenta del Govern, salió ayer al paso de las polémicas alegaciones de la Abogacía del Estado contra el recurso de inconstitucionalidad impulsado por El Pi y Més contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por excluir el factor de insularidad que marca el Régimen Especial de Balears (REB) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Estamos negociando con el Gobierno de España y presionando para que la insularidad se incluya en 2022. El Estado, en sus alegaciones, no dice que no quiera pagarla, lo que apunta es que se debe acordar en una comisión bilateral», aseguró la presidenta durante su visita a un centro docente de la localidad de Muro.

Acto seguido, la presidenta Armengol calificó de «error político la judicialización» del cobro de la insularidad por parte de los grupos parlamentarios que han apoyado el recurso de inconstitucionalidad y recordó que en el Govern siempre han apostado por la «vía del diálogo».

Sobre las acusaciones de «deslealtad» por parte del Estado, Armengol indicó que «la Abogacía del Estado se defiende ante un recurso judicial, ya que hay que tener en cuenta que lo que se ha impugnado son los presupuestos estatales del año 2021, cuando nuestra comunidad autónoma ha sido una de las más beneficiadas y creo que el Gobierno de España ha actuado con equidad y justicia con Balears». La presidenta del Govern, en este sentido, recordó la llegada de los 855 millones de ayudas para la reactivación o los 400 millones del fondo covid para hacer frente a la pandemia.

Con todo, Armengol garantizó que desde el Ejecutivo balear seguirán exigiendo a Madrid que compense la insularidad, pero lo harán dialogando e insistió en que tiene el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de convocar la comisión bilateral para acordar el pago de la insularidad que marca el REB e incluirlo en los presupuestos de 2022.

Defiende el trabajo y el diálogo

La presidenta del Govern quiso defender el trabajo del Ejecutivo autonómico para conseguir la aprobación del REB en 2019, del que «falta la parte fiscal que tiene que aprobar el Gobierno» y por la que el Govern mantiene «la presión política al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda».

Con estas palabras, Armengol quiso contestar a las críticas de Més y El Pi contra el PSIB-PSOE y Pedro Sánchez por las alegaciones de la Abogacía del Estado. Nacionalistas y regionalistas calificaron el pasado miércoles de «menosprecio e insulto» las alegaciones de los letrados gubernamentales contra el recurso impulsado por el Parlament. Recordaron que quien tiene que convocar la comisión bilateral para incluir la insularidad en los presupuestos es el Gobierno y no lo ha hecho. Dudaron de que en las cuentas de 2022 se compense el factor insular que marca el REB de Balears.

La jefa del Consolat también quiso recordar a las formaciones que han impulsado el recurso, entre ellos sus socios de Més, que este último año y medio «nos hemos dedicada a atacar una urgencia [la pandemia] y el Gobierno ha cumplido con Balears».