La jueza que investiga la contaminación causada por el antiguo vertedero de Son Reus, en Palma, ha instado a la Conselleria balear de Medio Ambiente, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Palma a adoptar medidas "para evitar que los lixiviados lleguen al acuífero" o a tratarlos para que no supongan una fuente de contaminación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha dictado un auto en el que acuerda como medida cautelar instar a la las administraciones autonómica, insular y municipal y a las demás autoridades competentes para que adopten las medidas oportunas en relación con el vertedero de residuos sólidos urbanos de Son Reus, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La jueza les insta a seguir las recomendaciones del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), contenidas en su informe de noviembre de 2019 (sobre el que ha informado EFE), así como los de abril de 2020 y junio de 2021.

Según la resolución, la jueza ordena "estudiar e implementar técnicas para evitar que los lixiviados lleguen al acuífero o tratar estos para que no supongan una fuente de contaminación que regularmente afecta a la calidad del agua del acuífero", en el que se han detectado once metales pesados en cantidades superiores a las permitidas por la ley.

La magistrada también les insta, como medida cautelar, "a realizar un catálogo actualizado de los pozos en el acuífero de Son Reus, determinar el uso de cada uno y analizar el agua que se utilice para consumo humano, de forma que permita concretar las medidas a tomar en cada captación".

La decisión que se ha notificado a las partes personadas en el procedimiento no es firme. Cabe recurso de reforma ante el mismo órgano judicial.

El informe del IGME de 2019 que constata la contaminación del acuífero de Son Reus aconseja desmantelar el vertedero del que proceden los metales pesados y valorar la posibilidad de retirar los 4,7 millones de toneladas de residuos que se acumularon entre 1975 y 2008, periodo en el que estuvo activo.

Los análisis realizados por el IGME en el entorno del basurero indican la presencia en el acuífero de Son Reus de once metales pesados por encima de los límites establecidos en la normativa estatal de aguas para consumo humano.

El estudio durante cinco años (2015-2019) en 36 pozos perforados en distintos puntos de los 55 kilómetros cuadrados bajo los que se ubica el acuífero detectaron concentraciones por encima del nivel legal de aluminio, arsénico, cadmio, bario, cobre, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo y zinc.

El informe atribuye la contaminación a la filtración hasta el depósito natural subterráneo de aguas de lluvia que arrastran componentes contaminantes de los residuos acumulados durante más de tres décadas en el viejo vertedero. Los informes siguientes recogen análisis posteriores encargados por el juzgado, que confirman la contaminación.